Nueva denuncia sobre el proceso de desmantelamiento del área de Pensiones

Las y los trabajadores de la ex
Comisión Nacional de Pensiones. Nucleados en ATE,  han vuelto a denunciar el proceso de
desmantelamiento de la política pública de pensiones, desde el inicio de la
gestión cambiemos, que perjudica principalmente a la población más vulnerable
de nuestra sociedad: personas con discapacidad.

Los funcionarios de la Agencia
Nacional de Discapacidad, quienes se presentan ante los medios y la opinión
pública como paladines de la transparencia, son en realidad eficientes
tecnócratas que bajan masivamente pensiones no contributivas y tienen, además,
la decisión política de impedir que los beneficios avancen hacia su aprobación
o bien su denegatoria.

La ANDIS organizó hace unos días la
“Cumbre Global de Discapacidad, Argentina 2019” despilfarrando más de
$65.000.000 para trabajar “la plena inclusión de las personas con discapacidad
y garantizar sus derechos”; sin embargo, sus funcionarios no dudan en cajonear
trámites de extrema gravedad durante más de 3 años condenando a una muerte
lenta y silenciosa a miles de personas que carecen de ingresos y de trabajo y
necesitan, además, medicamentos, prótesis, contención y acompañamiento.

Poniendo un manto de sospecha sobre
todo lo existente estigmatizan a titulares de derecho que cobran un beneficio
de poco más de $ 8.000 (pesos) por mes para la subsistencia básica y a
trabajadores del área aduciendo “falta de criterios” e “irresponsabilidad” en
el otorgamiento masivo de beneficios.

Desde l Junta Interna de ATE-
Pensiones señalaron que “entre 2003 y 2015, las y los trabajadores fuimos
protagonistas en la ampliación de derechos y la territorialidad de un programa
que – a partir de procedimientos administrativos controlados y auditados e
intervención de profesionales matriculados – fue en búsqueda de una población
de alta vulnerabilidad en todos los rincones del país: se pasó de 176.000 mil
pensiones existentes en 2003 a 1.000.000 en 2015. (Hay 5.000.000 de personas
con discapacidad según el censo nacional de 2010)”.

Con el argumento de “controlar y
volver a controlar el festival de pensiones truchas que otorgó el gobierno
anterior”, desde diciembre de 2015 se vienen implementando estrategias para
desintegrar la estructura de pensiones y así ajustar el presupuesto en sintonía
con lo requerido por el FMI.

• El decreto 698/17 que disolvió la
Comisión Nacional de Pensiones y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo
la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, creó 17 nuevos cargos
jerárquicos equivalentes a directores nacionales para diseñar la estrategia
política central de avanzar, paulatina y progresivamente, en el desguace del
organismo, violando además la Convención Internacional de los DDHH de las
Personas con Discapacidad y dejando de lado la participación de las
organizaciones vinculadas a la temática.

• En abril de 2017, 170 mil pensiones
fueron suspendidas, sin previo aviso y sin procedimiento administrativo ni
legal. En 2018, por un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social, se
restablecieron solamente 43.150 beneficios, mientras que 127 mil finalmente se dieron de baja.

• Despidos de trabajadoras y
trabajadores en 2018, con un insólito despliegue policial en la puerta del
organismo y listados de quienes no podían ingresar, en un marco de gran violencia
institucional. Por la lucha de nuestra organización gremial, se pudo
reincorporar a una gran mayoría.

• Cierre de los centros de atención de
pensiones (CAL) estratégicamente distribuidos en todo el país, dificultando el
acceso de la población a la atención personalizada con abordaje integral, con
el argumento de concentrar toda la atención operativa en un solo lugar: ANSES

• Reubicación del personal en unas
pocas oficinas de pensiones (todavía) en funcionamiento y en otros organismos
con absoluta incertidumbre en relación al desarrollo de tareas y al futuro
laboral, con afectación de la salud y empeoramiento de las condiciones de
trabajo.

• Traspaso de tareas a la Ventanilla
Única de ANSES, sin personal especializado en el área de pensiones no contributivas.
Al mismo tiempo, se viola el derecho constitucional que tiene todo ciudadano de
peticionar al Estado por un cruce de sistemas que actúa de filtro previo a la
tramitación del inicio de pensión.

• Cerca de 200 mil trámites están
paralizados en las distintas áreas de organismo, muchos de extrema gravedad y
con más de 3 años de demora para su resolución: más de 80 mil en auditoría
médica, con el agravante de que no hay actualmente profesionales médicos que
realicen la revisión y 50 mil en el área de evaluación de expedientes.

• Solicitud de actualización de datos
y exigencia de presentar un nuevo Certificado Médico Oficial, esta vez en
formato y con firma digital, en reemplazo del que consta en el expediente y que
acreditó el grado de discapacidad oportunamente. La ANDIS envió 40.000 cartas
documento, gastando $590 pesos en cada una, para intimar a los titulares de
derecho. Los hospitales no cuentan con computadoras ni internet y los médicos
tienen una gran resistencia a integrarse a este circuito impuesto, sin la menor
consulta con el sector sanitario, dejando sin posibilidades reales de acceso al
CMO digital a gran parte de los pensionados.

• Cambio de paradigma: pasaje de una
política de pensión como derecho social amplio a una política acotada a la discapacidad,
según criterios biomédicos. Cuando se termine de consolidar el pasaje del
inicio de pensiones a la ANSES, la única función de la ANDIS sería la de
evaluar la discapacidad y la de otorgar o no el beneficio de pocos expedientes
que arribarían luego de atravesar criterios restrictivos y reduccionistas.

Sobre el final del documento
presentado la ATE- Pensiones subrayó que “con la certeza de estar del lado
correcto de la historia, seguiremos acompañando las movilizaciones populares en
contra del ajuste en discapacidad, que afecta principalmente a las poblaciones
vulnerables; y daremos nuestra voz colectiva a los invisibilizados y olvidados,
a los excluidos por esta política cruel y carente de sensibilidad social”.