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Como fruto de la denominada ‘Mesa de
Diálogo por la Producción y el Trabajo’, la unificada CGT acordó con los
empresarios y el Gobierno nacional un bono de referencia de $ 2000, el cual
pareciera conformar a un sector del sindicalismo, alejando la
posibilidad de la primer huelga nacional contra el gobierno. Más allá de la no
obligatoriedad del mismo y de lo exiguo de su monto, será cada sindicato el que
deba acordarlo con su empleador, el acuerdo parte de un reconocimiento del
gobierno, empresarios y sindicalistas: existe una importante caída del salario
real producto del proceso inflacionario y de la firma de paritarias por debajo
de la inflación. Rápidamente las patronales y el Gobierno pretenden instalar
mediáticamente que el bono dará por superada la negociación salarial por el
2016, y explicitan cuál es la política salarial para el 2017: una pauta de
aumento mirando la inflación futura -metas de inflación- de un 17%. Federico
Sturzenegger en el Coloquio de IDEA lo explicó así: ¿Qué rol juegan las
negociaciones salariales? Es posible que se precise una pauta salarial algo por
encima de la meta de inflación pero claramente debe ser por debajo de la
inflación pasada. Como señaló este diario, el gobierno apuntará a instalar en
2017 la discusión paritaria en base a la inflación futura, una idea que es
resistida por la CGT.

¿Qué se negocia en paritarias? Como mínimo la inflación
pasada, recuperar lo que el salario real perdió desde la firma del anterior
acuerdo. Si en esta ronda se fijaron subas salariales de un 33% en su mayor
parte, y la inflación de 2016 se proyecta como mínimo en un 38% (lo reconoció
el gobierno en la mesa de diálogo), dirán que lo perdido es sólo un 5%. Si se
estima que la inflación de 2017 será de un 17%, el ‘techo’ que
intentarán poner en la próxima paritaria será de un 20 o 25%.

Así planteado, el debate se agota en la discusión entre
inflación pasada o futura, dejando fuera de la disputa entre capital y trabajo
la cuestión acerca del valor de la fuerza de trabajo. Con un tercio de los
trabajadores no registrados, tercerizaciones, aumento del desempleo y salarios
que no alcanzan para cubrir las necesidades; sea por inflación pasada o futura,
una ronda paritaria que no contemple el derecho constitucional al salario
mínimo vital y móvil que asegure alimentación adecuada, vivienda digna,
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimientos,
vacaciones y previsión (Art. 116 LCT) condena a la gran mayoría de la clase
trabajadora a continuar en la crítica situación en que se encuentra, o
empeorarla. La otra cara del salario, la tasa de ganancia empresaria, aún con
la enorme recomposición a costa del ajuste salarial, sigue ausente del debate.
La clase trabajadora y sus sindicatos tienen la responsabilidad de enfrentar
este nuevo ajuste, para lo que cuentan con los tradicionales métodos de
confrontación, mientras vuelven a oírse voces que llaman al diálogo o pacto
social, como forma de asociar ‘patrióticamente‘ a
los trabajadores a una crisis que no afecta a todos por igual.