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El Sistema de Riesgos del Trabajo
sigue garantizando el negocio de la enfermedad y cuidando ganancias empresarias

*por ORESTES BETO GALEANO // INSTITUTO DE SALUD Y SEGURIDAD
DE LAS Y LOS  TRABAJADORES de ATE

Cuidar y
maximizar las ganancias de las empresas y evitar que el Estado se haga cargo de
sus obligaciones de control (y también las de empleador) es,  sin duda, una POLITICA DE ESTADO, que han
sostenido sistemáticamente MENEN, DUHALDE, DE LA RUA, KIRCHNER, FERNANDEZ,
MACRI, desde la promulgación de la Ley de Riesgos del Trabajo 24557 en el año
1995. Dicha política está basada en el
gran negocio de la enfermedad, que en el mundo del trabajo se expresa en
garantizar que los trabajadores se sigan enfermando mientras trabajan, a esta
altura no se puede sostener que es un efecto no buscado.  

El sistema
garantiza la ausencia de prevención y por lo tanto la generación de
enfermedades de origen laboral. Estas enfermedades, en el caso de los
trabajadores registrados, se atienden en el sistema de Obras Sociales cuyos
servicios están tercerizados en su gran mayoría, y para los casos de
trabajadores y trabajadoras no registrados, alrededor del 30% del mercado
laboral, van a parar al sistema público de sanidad.

En el actual
sistema  de ARTs, prácticamente no existe
la enfermedad de origen laboral.  Sólo el
3% (promedio) de las denuncias corresponden a enfermedades profesionales (así
definidas por la ley). No cabe duda que han sido muy eficientes en el
ocultamiento de las enfermedades de origen laboral, que sin duda son por la
falta de un ámbito de trabajo saludable. Recordemos que la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) denuncia la muerte de 2,4 millones de
trabajadores/as por año,  que el 86% de
esas muertes originadas por el trabajo corresponden a enfermedades, calificando
la situación de PANDEMIA MUNDIAL.

Es cierto
que el índice de incidencia para muertes en el trabajo por accidente ha
disminuido en los trabajadores formales, pero esto es solo sobre el 14% de las
situaciones de mortalidad, como sostuvo el cro. Víctor Degenaro al presentar nuestro
proyecto de prevención  en el año 2012, se siguen muriendo más de 7000
trabajadores/as por año producto de las malas condiciones de trabajo.

El sistema
es además el paraíso de los funcionarios (no existe sanción alguna ante el
incumplimiento de normas de seguridad) de los distintos gobiernos que no les interesa
la salud de los trabajadores. En el universo de trabajadores/as estatales
(cerca de 3.000.000) solo se realizan los exámenes periódicos a un puñado de
miles (en general vinculados a actividades productivas). El método es simple NO
DECLARAN LOS RIESGOS A LOS QUE ESTAN EXPUESTOS LOS TRABAJADORES/AS,  así las ARTs no solo no realizan los exámenes
sino que tampoco hacen las inspecciones que los obliga la ley.

En un acto
de “sinceramiento” las autoridades de  la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo  han revelado que hay 9 provincias y 300
municipios FUERA DE LA LEY.  En muchos casos atendiendo los accidentes de
trabajo a través de las obras sociales provinciales, es decir, con la propia
plata de los trabajadores. Como también lo hicieron durante un par de lustros
quienes administran las direcciones de atención medica de las fuerzas armadas. Pero como el estado no se sanciona a sí
mismo ni a sus funcionarios, nada pasa.

Seguimos
sosteniendo que para cambiar la situación de fondo la enfermedad debe dejar de
ser un gran negocio, debe existir un sistema público no estatal que garantice
la atención de las contingencias procurando LA MAXIMA REHABILITACION, y no sólo asegurando una exigua
indemnización.

Para
garantizar la prevención eficaz es condición necesaria la participación de los
trabajadores  no sólo como sujeto
individual sino como sujeto de derechos colectivos organizado conscientemente.
Los trabajadores pueden intervenir en este proceso de diversas formas, por
ejemplo, como DELEGADO DE PREVENCION ELEGIDO POR TODOS LOS TRABAJADORES  o en la conformación de  COMITES MIXTOS CON CODECISION. Es
imprescindible que exista una política de salud destinada a detectar las
enfermedades de origen laboral.  Por
ejemplo, a través de programas y protocolos de cumplimiento obligatorio que
permitan vincular la posible relación de la causa de enfermedad con la
actividad laboral, (la historia clínica electrónica que incluya los riesgos a
los que se está expuesto será de gran utilidad). Esto posibilitaría prevenir
consecuencias en la salud, el método de
diagnostico y tratamiento,  sin
investigar las causas y sin prevención sólo garantiza el negocio de la
enfermedad, cuyo costo pagamos los trabajadores/as.

INTENTAR LIMITAR
EL ACCESO A LA JUSTICIA desde el inicio del sistema es un objetivo claramente
explicado por el cro. y director de nuestro dpto. Jurídico Matías Cremonte

Además resulta a todas luces
inadmisible que los sindicatos no seamos actores previstos por el sistema de
riesgos del trabajo (aún de este que repudiamos), no existe el acceso a la
información y mucho menos  a la
elaboración de medidas preventivas, no tenemos acceso a las declaraciones de
riesgos que hacen las patronales ante las ARTs, y mucho menos a los contratos.
Los actores que reconoce la ley son los empleadores, la ART, la SRT y el
trabajador en forma pasiva e individual, que aparece indefenso ante semejante
conjunción de intereses.

NO HAY TRABAJO SALUDABLE SIN CLASE TRABAJADORA
ORGANIZADA CONCIENTEMENTE EN FUNCION DE SUS PROPIOS INTERESES.

Beto Galeano
ATE CDN