Perotti deja en vilo la continuidad laboral de cientos de trabajadora/es

La ATE Rosario expresó su
preocupación al modo unilateral, apresurado e impreciso con el que el
Gobernador, Omar Perotti, pretende revisar los actos administrativos y de
contratación del personal del sector público. El Decreto 89 del 11 de
diciembre, deja en dramática incertidumbre a trabajadoras y trabajadores de la
provincia de Santa Fe.

Por la disposición mencionada,
el Gobernador decidió suspender los actos administrativos y la contratación de
personal bajo cualquier modalidad, emitidos luego del 10 de junio de 2019.
Además se creará una comisión que estudiará todos esos casos en el ámbito del
Ministerio de Gestión Pública, que deberá expedirse en 60 días hábiles
prorrogables.

La medida es poco clara en
materia de criterios y se apresura en tanto plantea la suspensión de las
medidas administrativas detalladas. 
Desde ya, es potestad de los gobiernos revisar lo que consideren
pertinente, pero respetando los derechos de quienes siempre son golpeados y
golpeadas por los cambios de timón político: las trabajadoras y trabajadores
que le ponen el cuerpo a las políticas públicas.

En su premura, el Gobernador
parece desconocerse que el efecto suspensivo que plantea el Decreto en el área
educación, en lo que concierne directores y supervisores, podría en sí mismo
dificultar el inicio del ciclo lectivo. A lo que se suma que, aún, hay una
acefalía en torno a los nombramientos de, por ejemplo, las autoridades
regionales de la cartera.

Días atrás celebrábamos la
prórroga de los contratos de las y los trabajadores del Ministerio de Cultura,
aclarando que el objetivo era su pase a planta. Pero también esa definición
será suspendida, lo que deja en vísperas de fin de año a cientos de compañeras
y compañeros en una angustiante incertidumbre. Además, en el caso de los
contratos laborales, el Decreto establece que pueden rescindirse
unilateralmente.

En resumidas cuentas: una medida
apresurada, que no contempla las realidades que desata, poco clara en la forma
de implementación, de carácter suspensivo y capacidad resolutiva unilateral, es
lesiva a los derechos, a la dignidad y a la generación de paradigmas laborales
de respeto y estabilidad. Seguimos exigiendo dignificación laboral, pase a
planta, condiciones dignas de trabajo y el fin del maltrato a quienes le ponen
rostro y cuerpo en cada barrio e institución pública.