Persecución gremial en Jujuy: ATE hizo un pedido de informe al INDEC

Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE Nacional, se
reunió esta mañana con el secretario general de ATE Jujuy, Matías Brizuela, y con
uno de los cinco trabajadoras/es de la Dirección  Provincial de Estadística, que fueron despedidos
y están siendo perseguidos judicialmente. La reunión, que se hizo en el CDN,
tuvo como objetivo acordar los pasos a seguir en la lucha por justicia.

Luego, la comitiva de ATE Jujuy se dirigió a la sede central
de INDEC para entregar un pedido de informe, que lleva la firma de Brizuela y
de Godoy. Ese documento es clave para determinar si los cinco trabajadores/as
son responsables o inocentes de la causa penal iniciada la Directora del DIPEC,
Ana Juárez Orieta.

La funcionaria denunció a los trabajadores/as por conformar
una asociación ilícita con el fin de manipular el índice de pobreza en Jujuy,
en el primer semestre de 2016. Los afectados son Horacio Cruz, 
Patricia Gómez, Noemí Ofelia Guanuco, Florencia Amalia Núñez y Andrea
Graciela Gómez.

Cruz,  que además es delegado
de la DIPEC, denunció que se trata de una “causa armada” y un hecho más de
persecución gremial en respuesta a su reclamo de pase a planta.

“A principio de 2016, como consecuencia de la violencia
laboral, sufrí un infarto y tengo que tomar seis medicamentos todos los días. La
directora, no conforme con cometer esa maldad, me cambio de sector y luego me
hace esta denuncia penal que es muy aberrante”, relató.

 “Los cinco estábamos en
condiciones de pasar a planta permanente. Yo, con 23 años de servicio soy el de
menos antigüedad. Entre los despedidos hay una señora de 64 años y 32 de antigüedad.
Todos entramos como encuestadores e hicimos carrera, no fuimos designados a
dedo. Pero en vez de regularizarnos, nos echan y pasan a panta a personas sin
experiencia”, explicó.

Por su parte, Raúl Llaneza, delegado de la junta interna de
ATE INDEC que desde el año pasado acompaña la lucha de los trabajadores jujeños,
calificó la situación como “injustificada” y “arbitraria”. “No solo se vulneran
derechos laborales fundamentales sino que también se arremete contra el
principio de inocencia”, apuntó.

 Por su parte, Matías
Brizuela destacó: “La funcionaria dijo en distintos medios de comunicación que
estos cinco trabajadores son los culpables de que la provincia reciba menos
dinero, por una manipulación del índice de pobreza. Pero ahora logramos que
admita que no tiene el informe nacional del INDEC que prueba la
responsabilidad. Por eso queremos desmentirla públicamente”.

 “Esto es un ataque a todo
ATE”, agregó, “porque si ganábamos esa pelea sentábamos un antecedente para los
más de 3000 compañeros que están en condiciones de pasar a planta, pero que el
Gobierno les cajonea los decretos”.

Laboratorio del Gobierno Nacional

El año pasado, en representación del CDN,  Llaneza se reunió con el gobernador, Gerardo
Morales, para pedir que interceda por la gravedad del hecho, pero no obtuvo
respuesta. Matías Brizuela, asimismo, señalo la “complicidad” del Gobierno
provincial.

“Jujuy es un laboratorio del Gobierno Nacional, donde se
aplica represión, persecución, se intervienen los sindicatos, y luego eso se
replica en otras provincias”, dijo Brizuela.

Por último, respecto a las violentas detenciones a
dirigentes sociales y sindicales que comenzaron pasado sábado por la madrugada,
expresó: “En Jujuy no hay Estado de Derecho”.