Por una Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito

El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
llega al Congreso de la Nación, una vez más, de la mano de la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hoy, la Campaña presentó por
séptima vez el proyecto de Ley IVE, que cuenta con el aval de diputadas y
diputados de todo el arco político.

ATE y la CTA-A, organizaciones que adhieren a la Campaña
Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, participaron de la
jornada de hoy, tanto dentro del recinto del Congreso, donde se entregó
formalmente el proyecto, como fuera del mismo, donde se realizó una radio
abierta que contó con una multitudinaria presencia de compañeras militantes del
movimiento feminista y una gran cantidad de organizaciones sociales, políticas
y sindicales. Participaron, en representación de ATE Nacional, la Secretaria de
Organización Silvia León, y la Directora del Departamento de Género e Igualdad
de Oportunidades, Marta Galante.

En las últimas semanas la sociedad argentina ha demostrado
que no solamente está preparada para discutir sobre el aborto, sino que toma
posición a favor de despenalizar esta práctica histórica y legislar al
respecto. Este proyecto de ley adquiere una legitimidad forjada a lo largo y
ancho del país con sus más de 500 organizaciones, luego de 13 años de incesante
lucha, y cuando los pañuelos verdes copan las plazas y están presentes en
numerosas postales cotidianas.

El Estado omite cumplir con los tratados internacionales de
derechos humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, en Argentina
se realizan entre 500.000 y 600.000 abortos al año en condiciones de
clandestinidad. Esa clandestinidad pone en riesgo a las mujeres, siendo 50.000
las personas con capacidad de gestar hospitalizadas al año por complicaciones
relacionadas a prácticas abortivas que se realizan de modo inseguro. Las más
afectadas, y cuyas vidas se pierden cada día, son las mujeres de los sectores más
vulnerables de la población. Todos los abortos se realizan en la
clandestinidad, pero el dinero y la información dan acceso a un aborto seguro.
Clandestino, pero seguro.

Hace más de 31 años, mujeres y personas gestantes están
exigiendo al Estado argentino que garantice leyes y políticas públicas que les permitan
gozar de la autonomía de sus cuerpos, poder definir si quieren o no gestar, en
qué momento, cuántas veces lo elijan y con quién. Para que la maternidad pueda
ser una elección, y no una imposición del Estado.

El Congreso de la Nación, que debería ser el principal
responsable de legislar para garantizar sus derechos como ciudadanas, se
convierte en el principal detractor del reclamo. Posiciones personales,
intereses religiosos, derivan en comentarios prejuiciosos sin ningún tipo de
rigor científico, de ninguna ciencia. Siguen sin comprender que su deber
constitucional es, en resumidas cuentas, dictar leyes que garanticen el derecho
a decidir de las mujeres, en libertad y autonomía, como sujetas de derechos.