Preocupación ante la negativa de Perotti de convalidar pases a planta permanente
Asimismo reclamaron una recomposición salarial urgente y el sostenimiento de la cláusula gatillo, con aplicación inmediata.
Ante la solicitud de frenar pases a planta
que hizo Perotti a Lifschitz, desde ATE- Rosario insistieron con la necesidad
urgente de regularizar la situación de más de 4.500 trabajadores/as
precarizados/as. Por su parte, el ejecutivo no reconoce este número y ofrece
blanquear sólo a 500.
La semana pasada se conoció que el
gobernador electo, Omar Perotti, solicitó al actual mandatario provincial,
Miguel Lifschitz, que no haya pases a planta de funcionarios políticos y que
los de trabajadores contratados, precarizados y en negro se realice por ley. De
esta forma, amparándose ahora en la Ley de Responsabilidad Fiscal, ni unos ni
otros se hacen cargo de una grave situación y vuelven a poner a trabajadores y
trabajadoras precarizados/as como variable de ajuste.
Así, quedan a merced de una negociación de la transición ante el cambio de
gobierno, que no garantiza estabilidad laboral, más de 4.500 personas que
desarrollan tareas para el Estado provincial con diferentes modalidades de
precarización.
Desde ATE Rosario señalaron que “el actual gobierno de Santa Fe es
responsable y lo será hasta que finalice su mandato, por contratar y mantener
por largos años a personal en esta situación”, pero agregaron “el próximo
mandatario no puede mirar para otro lado y dilatar una necesidad tan sentida
para los trabajadores y las trabajadoras pateando el problema a la Legislatura
a la espera de una ley que regularice esta realidad”.
Mientras tanto, se siguen estirando también las discusiones en las
reuniones de paritaria técnica, donde ya ni siquiera se habla de 1500
precarizados/as, sino que se está analizando una propuesta menor, con apenas
500 personas que estarían en condiciones de pasar a planta.
Asimismo, tal como lo vienen sosteniendo es necesaria una recomposición
salarial urgente que saque de la pobreza en la que se encuentra al 70% de los
trabajadores y las trabajadoras del Estado; el sostenimiento de la cláusula
gatillo pero con aplicación inmediata y para todos/as los/as estatales; y el
pase a planta permanente de los/as más de 4.500 trabajadores y trabajadoras
precarizados/as en la provincia.