Pronunciamiento sindical sobre el protocolo de atención de Violencia de Género

Las Áreas de Género de APUAP, ATE-
Jujuy, SADOP y CTA Autónoma jujeña realizaron un sostenido trabajo para el
abordaje de situaciones de violencia de género en el mundo del trabajo. Entre
otras acciones, elaboramos el Proyecto de Ley que establece la licencia para
trabajadoras víctimas de violencia de género, que hoy es Ordenanza Municipal
(N°7336), y para cuyo tratamiento por parte del gobierno provincial en la
Legislatura hemos recolectado más de 7 mil firmas.

Por tal motivo, la noticia de la
presentación del Protocolo de Actuación sobre la Violencia de Género en el
ámbito de la Administración Pública de la Provincia de Jujuy les genera algunas
reflexiones, interrogantes y preocupaciones.

A través de un comunicado de
prensa la sectorial explicó que “el Protocolo constituye, en sí, un hecho
positivo en tanto, cómo lo plantea el documento, es una herramienta para
“garantizar acciones de prevención, actuación y reparación en casos de
Violencia de Género en el ámbito laboral.

Al respecto sabemos que los
protocolos pueden ser instrumentos útiles, solo y en tanto, exista la firme
decisión política para erradicar la violencia de género, sin conciliaciones. De
lo contrario, ocurrirá lo que sucede con un número importante de estos,
devienen en letra muerta, al igual que las leyes sin presupuesto.

Nos preguntamos, ¿por qué motivos
se ha excluido a los sindicatos en su elaboración y en el eventual seguimiento
de su efectiva aplicación? Mas allá de reafirmarnos un estilo de gobernar que
es recurrente, consideramos que este tipo de herramientas deberían elaborarse
en consulta y consenso con quienes intervienen en la problemática. Los
sindicatos, y sus áreas de género, receptamos dichos casos y conocemos sus
impactos, ya que hablamos de situaciones de violencia que se dan en el ámbito
laboral.

Nos preocupa que dicha exclusión
pueda tener la finalidad de retacearles efectiva intervención sobre la
problemática a las organizaciones sindicales. En este sentido, es legítima, en
función de nuestra experiencia hasta el momento, la preocupación de que la
patronal se constituya en juez y parte, ya que el Consejo Provincial de la
Mujer e Igualdad de Género será el órgano rector que aplique el presente
protocolo en articulación con otros organismos de la administración pública
provincial (artículo 4), sin intervención de las organizaciones que velan por
los derechos de las trabajadoras y que son los principales receptores de los
reclamos.

Los gremios tenemos conocimiento
certero de que la violencia laboral en la Administración Pública provincial
viene creciendo en los últimos años. En muchos de estos casos existe
interseccionalidad, es decir, son casos donde se conjugan violencia laboral y
de género, entre estos el acoso sexual.

Los casos denunciados, con valor,
por las trabajadoras del Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público de la
Acusación son la punta, más escandalosa y repudiable, de un iceberg que por
debajo contiene un número importante de otros casos, sobre los cuales las áreas
de género hemos intervenido en 2019. Nos referimos a casos como el de Fiscalía
de Estado, a cargo del Dr. Mariano Miranda, donde la víctima de violencia
convivió durante meses con el acosador sexual, situación que la revictimizaba
una y otra vez. O casos paradojales como los hechos de maltrato laboral en la
Secretaria de Paridad de Género, específicamente en la Dirección de Violencia,
a cargo de la Dra. Natalia Segovia. A estos se suman otros casos en las Áreas
de Salud y Educación.

Por lo expuesto podemos decir que
la violencia laboral y de género en la Administración Pública (cómo también en
el ámbito privado) es un tema emergente, que nos preocupa y nos ocupa; y que
debería ser abordado, desde los gobiernos, dándoles voz a los diversos actores
involucrados en su abordaje: los gremios y sus áreas específicas, las
trabajadoras/es, las organizaciones de mujeres y las víctimas.

Mediante estos mecanismos
democráticos el Estado podrá generar herramientas eficaces para cumplir con la
función de garante de una vida libre de violencia, dando cumplimiento efectivo
a la legislación vigente.

Por último, consideramos que no
pueden integrar los gabinetes gubernamentales funcionarios sobre los que recaen
denuncias de violencia y/o acoso. Es deber de las autoridades garantizar, sin
vacilaciones, su apartamiento, dando muestra del compromiso asumido con el
presente Protocolo. Por esta razón, reiteramos el pedido de renuncia del actual
Ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz (hoy en ejercicio de su licencia) como
también del Fiscal General Sergio Lello Sánchez; reclamo interpuesto ya por
numerosas organizaciones de mujeres y centrales de trabajadores/as”.