Protesta contra el cierre de los centros de Ludopatía en la provincia

Los trabajadores y trabajadoras de toda la provincia reclaman la continuidad de los equipos de contención y abordaje por la adicción al juego. Por ello realizaron una radio abierta en diagonal 74 y 49 de La Plata contra el cierre de esos ámbitos, así como acciones en varios distritos.

Al respecto, Oscar de Isasi, secretario General de ATE provincia de Buenos Aires, manifestó que “plantemos nuestro total respaldo a los trabajadores en la defensa del área y de la prestación que se realiza. Además estamos construyendo una respuesta unificada porque el gobierno atenta contra todas las áreas sociales, salud, adicciones”.

“Nuestro compromiso es construir una gran medida que le ponga un freno al ajuste que descarga la crisis sobre los sectores más vulnerables. Y que haya cada vez más inversión en estas áreas claves”, agregó.

Los trabajadores reclaman la continuidad de los Centros de Ludopatía y por consiguiente la continuidad de tratamiento psicológico gratuito; talleres para pacientes, familiares; exposiciones de producciones de los pacientes; entrevistas de orientación; charlas de prevención para la comunidad; capacitaciones; desarrollo del manual de Ludopatía; contacto con el 0800 de atención a los pacientes.

Los centros, que son 10 en la provincia, hace tiempo recibieron la noticia de que el convenio iniciado en 2005 se iba a caer y según las autoridades van a celebrar otro con la intención de que los centros sean absorbidos por protección a las adicciones. Por ende, los trabajadores se encuentran con la incertidumbre por la existente precarización laboral.

En la actualidad funcionan 10 centros en las localidades de Vicente López, Avellaneda, La Plata, Morón, Olavarría, Mar del Plata, Necochea, Tandil, Bahía Blanca y Pergamino. El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo surgió en un convenio entre el ministerio de Salud bonaerense y Lotería de la provincia.

Los trabajadores entienden que se encuentran frente a un “nuevo achicamiento del Estado en sus políticas públicas, que desatiende la salud psicológica de los ciudadanos, tanto de los pacientes como de su entorno”. Por eso agregan que “estamos comprometidos a defender la fuente laboral de los profesionales de la salud y el tratamiento de los pacientes y sus familiares”.