Reincorporaron a una trabajadora trans en Agricultura Familiar

Casandra Sandoval fue reincorporada en diciembre pasado.
Se desempeñaba en Agricultura Familiar, como técnica en Tartagal, ciudad
cabecera del departamento San Martín. Estuvo en la Secretaría de
Agricultura Familiar (SAF) desde 2002 a 2018, año éste en que se
desguazó el organismo con el despido de 28 trabajadores, el de ella incluido.

“Soy periodista travesti y en ese momento me encargaba de
visibilizar las tareas de los demás técnicos”, señaló Sandoval.

Acompañó con su trabajo a mujeres de diferentes pueblos
originarios y estuvo en el acompañamiento de la creación y puesta al aire de
la radio comunitaria La Voz Indígena. Desde allí coordinó los
talleres de los comunicadores de pueblos originarios en una
zona donde el discurso estaba fuertemente marcado (como suele suceder) desde el
sector blanco o criollo.

Por la particularidad de su caso en tanto miembro del colectivo
de la diversidad sexual, la trabajadora decidió presentar
un amparo pidiendo su reincorporación y una medida cautelar para que se le
mantenga la obra social. Fue acompañada por su abogada, Cecilia
Jezieniecki, quien planteó el caso ante la Justicia Federal en
Salta Capital.

“Entendemos que hubo un despido discriminatorio por
discriminación indirecta. El colectivo trans presenta cifras alarmantes
en términos de inserción laboral, es por ello que los estados deben implementar
medidas positivas que alienten su empleabilidad y revierta las históricas
condiciones de desventaja social. En este marco despedir a una trabajadora
trans del organismo fue una medida regresiva en materia de
derechos económicos, sociales y culturales que los estados tienen vedado”,
explicó Jezieniecki.

En mayo del 2018 el juez federal Leonardo Bavio hizo
lugar a la cautelar y ordenó al Ministerio de Agroindustria seguir
con el pago de la obra social de Sandoval. 

El Estado en manos de la alianza Cambiemos articuló
todas las defensas posibles y dilató la cautelar. Sin embargo, el recurso quedó
firme. De todos modos, se incumplió. Ante ello, la Justicia Federal impuso
multas diarias mientras se incumplió la orden de cubrir a la trabajadora el
beneficio de la obra social.

Reincorporación y sentencia

El 5 de diciembre pasado, antes del cambio de gestión en el
Gobierno Nacional, el macrismo decidió regularizar la
situación de Sandoval y la reincorporó por entender que era la única vía legal
para mantener la obra social que hasta ese momento le había sido negada. La
carta documento que comunica esta decisión llegó a Sandoval el 26 de diciembre
pasado. Mientras el juez federal de Tartagal, Carlos Alberto Frugoni,
quien quedó a cargo de la causa, dispuso finalmente la reincorporación.

En aquel momento, ya casada, Sandoval se encontraba en
Córdoba, a donde logró finalmente su traslado. Afirmó que el acompañamiento en
ese momento fue por parte de los compañeros de ATE SAF, principalmente de la
delegada Melina Zochi.

Para la Justicia Federal, en el caso de Sandoval
hubo un despido arbitrario. Se dejó claro que la relación de
dependencia tenía las notas características de habitualidad, continuidad y
acatamiento de órdenes siendo así ilegítimo el sistema contractual utilizado
por el Estado. La Justicia afirmó que este tipo de estrategias deja
la vía abierta para que los trabajadores de las Administración Pública Nacional
queden fuera de toda protección legal, lo que es insostenible en los tiempos
modernos. “Encubrir esta relación con una locación de servicios cosifica al
ser humano”, afirma la sentencia. Se ordenó entonces la reincorporación de
Sandoval.

La sentencia fue apelada por el Estado Nacional nuevamente.
La resolución se encuentra en manos de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta. “Salvo excepciones, el Estado siempre apela”, explicó
Jezieniecki. Sin embargo, sostuvo que llamó la atención la improlijidad con la
que se manejó la anterior gestión. Ello porque primero decidió incumplir con la
cautelar que ordenaba el pago de la obra social y "es cuando ya se van que
la reincorporan”.

 Fuente: Página 12