26.04.2018

Repudio a la designación de un interventor de ATE en dictadura en Trabajo

El CDP de Córdoba denuncia que la designación de Ernesto Maisuls ofende la memoria de los mártires del movimiento obrero.

El Consejo Directivo Provincial repudia la proposición de
Guillermo Ernesto Maisuls para el cargo de referencia en el Ministerio de
Trabajo e insta al gobierno provincial a tener el mínimo respeto por los
desaparecidos del movimiento obrero cordobés durante la dictadura genocida,
cuyos personeros fueron sucesivamente condenados en instancias judiciales.

“La propuesta de un abogado ex interventor de ATE durante la
dictadura como integrante de una comisión espuria, que pretende reglamentar el
derecho a huelga, ofende la memoria de los mártires del movimiento obrero y
confirma la decisión política del Ejecutivo provincial de continuar cercenando
derechos y anulando conquistas en materia laboral”, expresaron desde ATE. 

“En este contexto, es evidente que un asesor del Ministerio
de Trabajo del régimen cívico-militar no podía ignorar la situación y en
consecuencia su intervención fue sin duda un aval al proceso más sanguinario y
corrupto que conociera la Argentina, vinculado además a la etapa más negra de
la pérdida de derechos de los trabajadores y el congelamiento de los convenios
colectivos de trabajo”, agregan.

“Por ello, es inconcebible que un gobierno democrático, que
dice acatar el respeto a los DDHH, impulse su nombramiento”.

Y advierten: “Todo
esto se inscribe en el marco de una ley para regular el derecho a huelga que es
absolutamente inconstitucional, ya que está claro que es el Congreso Nacional
el único poder con capacidad para legislar en la materia”
.

“Desde ATE alertamos a los legisladores provinciales, con la
autoridad moral que nos da haberlo sufrido en carne propia, que el nombramiento
este personaje ex funcionario de la dictadura, que integrará un órgano creado
por una ley inconstitucional, retrotrae el debate sobre los derechos de los
trabajadores a etapas pre-peronistas”, señalan.

“No es extraño, entonces, que el mismo gobierno que impulsa
esta normativa denuncie los convenios colectivos de trabajo”, concluye el
comunicado.

 

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