Se profundiza la pérdida del poder salarial

No hay piso para la
caída del ingreso salarial. Dos meses atrás un informe del equipo de técnicos
de ATE en el INDEC indicaba que desde la asunción de Macri un trabajador
estatal ha perdido un 18,1% de su poder adquisitivo.

En el marco de este plan que ajusta salarios los
trabajadores estatales tuvieron una caída mayor que los del sector privado. Por
ejemplo, mientras que en noviembre de 2015 el salario de un estatal en
categoría D0, representaba el 66% del salario promedio del sector privado
registrado, en abril de 2018 esa relación decayó a cerca del 58%. La brecha
volverá a ampliarse una vez que las paritarias del sector privado, tal como
autorizó el gobierno, tengan una suba adicional del 5%. Pero nada anunció el gobierno
nacional para el sector estatal.

El reciente mes de junio arrojó la inflación más alta de los
dos últimos años: 3,7%. De este modo el indicador general del primer semestre
trepó al 16 %, lo cual implica que sólo en la mitad del año la inflación general
superó el pronóstico de la meta inflacionaria anual del 15%, presupuestada por
el gobierno en diciembre pasado. 

En medio de turbulencias financieras y diagnósticos
económicos errados, la alta volatilidad que registra el dólar hace aún más
impredecible estimar con cierta certeza 
la inflación. Con servicios públicos y el combustible atados al valor de
la moneda norteamericana, sólo se permiten aproximaciones que van en torno del
30%.

A partir de esta situación el acuerdo salarial del 15%
firmado por el gobierno nacional ha perdido vigencia. En primer lugar porque a
la meta pronosticada para todo el año ya se ha llegado en medio año; y segundo que
los aumentos que el gobierno nacional y UPCN acordaron se escalonan por un 3%
recién con el sueldo de julio, 6% en agosto y el otro 6% en septiembre.

Con una paritaria claramente definida a la baja y tomando el
estimado del 30% anual, el aumento que cobrarán los trabajadores estatales sólo
servirá para equilibrar la balanza del segundo semestre. El primer semestre lo
habrá trabajado todo a pérdida.  Así
ahonda la crisis del salario del trabajador estatal que tal como estimo la
Junta Interna de ATE- INDEC, para un 
trabajador de la categoría D0 (cuyo salario bruto es de $16.697) en poco
más de un año y medio, ya registra una pérdida de $ 59.243.

La problemática salarial del sector público también se ha
extendido a las provincias. En la mayoría de los casos los acuerdos redundaron
en una suba salarial del 10% en el primer semestre y porcentajes generales que
varían entre  5% y 9% para el segundo
semestre.  

A favor de las negociaciones paritarias provinciales hay que
decir que en la mayoría de los distritos los gremios lograron establecer la
cláusula gatillo.

En contra de estas negociaciones está el nudo del desborde
inflacionario, porque si como se calcula la inflación total del año superará el
30%, las provincias deberán erogar, en el mejor de los casos casi 11 puntos más
al acuerdo alcanzado inicialmente. 
Ninguna provincia esperaba una corrección salarial tan alta.

Ahora las actualizaciones salariales podrían transitar
caminos empedrados si es que el gobierno logra imponerle a las provincias que asuman
el 33% del recorte de los 300.000 mil millones de pesos del próximo presupuesto,
comprometido con el FMI.

Las espinas de esta negociación salarial son las provincias
de Santa Cruz, Chubut o Tierra del Fuego, que por graves problemas financieros
aún no permitieron que se cierren las paritarias y sólo han establecido
compensaciones salariales parciales a sus trabajadores.

Canasta Familiar

Para la Junta Interna de ATE en el INDEC, en  un hogar constituido por una pareja con dos
hijos menores el ingreso necesario mínimo debía alcanzar los 29.604 pesos. El
valor de esta canasta familiar supera por más del 50% al promedio salarial de
18.000 pesos, que es el estimado para los trabajadores encuadrados dentro de la
órbita del Estado Nacional. Según la progresión de los informes del INDEC la
inflación total en la gestión Cambiemos registra el 109,5%, una suba que
resulta improbable que algún trabajador del sector estatal haya alcanzado en
este período.

Existen distintas coyunturas que hacen a la dificultad de
acceder al valor de la canasta familiar. Una es la disparidad existente entre
un trabajador de un organismo nacional y su par de provincia, otra, es la
disparidad salarial en cuanto a la región del país donde se vive.

Dentro del núcleo de riesgo la peor parte se la llevan los
trabajadores municipales que promedian los 10.000 pesos mensuales, y debajo de
ello los trabajadores precarizados como monotributistas (o símil condición de
contrato laboral) que en su mayoría promedian 6.000 pesos al mes.

Como dato final vemos que en detrimento de los trabajadores,
este primer semestre arroja una caída salarial en más de 5 puntos porcentuales;
que hay dudas sobre cuál será el comportamiento general de los gobernadores
provinciales cuando deban actualizar el salario en línea con la inflación; y la
licuación general de salarios y de gastos, medido en dólares, por la
depreciación de más de un 50% del tipo de cambio, con la que el gobierno
nacional (y el empresariado, también) se ha beneficiado.