Se realizó charla debate sobre los sistemas previsionales en Latinoamérica

“Inconstitucionalidad de la reforma previsional en Córdoba.
¿Qué sucede en Latinoamérica? Presente y futuro del sistema previsional”, se
tituló la instancia virtual que realizó ayer ATE Córdoba, con la participación
de compañeras y compañeros de diversos países de la región.

La iniciativa contó con amplia de respuesta de las y los
compañeros, participaron a través de la sala del zoom organizado para la oportunidad
y de la página de Facebook del Consejo Directivo Provincial (CDP).

Coordinado por nuestra secretaria de Prensa, Julia Giuliani,
la charla debate contó con la presencia los panelistas Federico Giuliani,
secretario General del CDP Córdoba, Julio Fuentes, trabajador del Instituto de
la seguridad social de la provincia de Neuquén y secretario General de la
Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE), Recadero
Gálvez, administrador público, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas
y docente e investigador de la Fundación Sur, de Chile, Mario Montes,
licenciado en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, presidente de la Asociación
General de Empleados Provinciales y Municipales de El Salvador (Agepym), Lorena
Luján, asesora en seguridad social y del equipo de representación de
Trabajadores de Previsión Social de Uruguay y Martín Pereyra, presidente de la
Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado de Uruguay (Cofe).

Además, la actividad contó con la presencia de compañas y
compañeros de larga y respetada trayectoria Marta Maffei, dirigente docente que
formó parte del núcleo fundador de la CTA, 
Carlos Custer, dirigente de ATE, fundador de la CLATE y ex embajador en
el Vaticano, y Oscar Cacho Mengarelli dirigente de ATE, fundador Anusate y
vicepresidente del Centro de Jubilados Nacional de ATE, y Leonarda Pocha
Correa, integrante también del Centro Nacional de Jubilados de ATE y dirigente
estatal correntina.

Al introducir la conversación virtual, que contó con
alrededor de 80 compañeros participantes, la compañera Julia Giuliani destacó
que “para los militantes y dirigentes de ATE esta fecha es muy sentida: hace 27
años falleció German Abdala, un compañero de esos imprescindibles que promovió
leyes en beneficio de las y los trabajadores estatales cuando fue diputado
nacional. Recordaban que la resistencia a la privatización del sistema
jubilatorio fue su último acto en el congreso antes de partir”.

La secretaria de Prensa destacó que el encuentro se realizó
“en el marco de la campaña internacional de la CLATE”.

 

Federico Giuliani tomó la palabra seguidamente para dar la
bienvenida a todos e introducir sobre la gravedad de la situación que atraviesa
el sistema jubilatorio provincial.

El secretario General del CDP destacó que “la actividad es
muy importante porque tiene trascendencia para construcción de nuestro
sindicato y la CTA en la provincia. Si bien Córdoba parió la reforma
universitaria, que fue faro para el desarrollo de una universidad pública,
democrática y popular, y el Cordobazo, tierra de grandes dirigentes como
Agustín Rosco o Atilio López, René Salamanca, Héctor ‘la Perra’ Castro; también
es una sociedad con una clase dirigencial conservadora y antipopular”.

Entre otros puntos de su mensaje, Giuliani destacó:

“Debo decir que el FMI promueve y exige a los gobiernos de
turno, en todo el continente, la reforma previsional a la baja de las
jubilaciones para después habilitar créditos que se transforma en impagables,
fraudulentas, ilegales e inmorales deudas externas”.

“Esto claramente tiene una concepción neoliberal del
capitalismo que es achicar el gasto público que está dirigido a sectores muy
vulnerables, compañeras y compañeros jubilados, pero también trabajadores que
hacen sus aportes de manera religiosa todos los meses. Ese dinero lo terminan
utilizando para parchar otros gastos”.

“Esta charla es necesaria porque el 20 de mayo pasado
asistimos a una nueva medida de ajuste del gobierno provincial, que encabeza
Juan Schiaretti, le llaman reforma pero es ajuste para los bolsillos de las y
los trabajadores. A pesar de la pandemia, del aislamiento social preventivo y
obligatorio el movimiento obrero en su conjunto salió a la calle para repudiar
esta reforma”.

“Revisando la historia podemos ver que desde 1999 nos gobierna
el cordobesismo, el justicialismo versión Córdoba, construcción que pierde su
perfil histórico de justicia social y se transforma en una fuerza conservadora
y antipopular. Primera reforma fue en 2008, con este mismo gobernador en el
cargo, para cambiar el cálculo del salario para pasar del promedio a los
últimos 12 meses a los últimos 48. En agosto de 2012 se da la segunda reforma,
bajo la ley 10078, desfasando las actualizaciones salariales a los jubilados
por seis meses respecto a los activos. En 2015, vuelve este personaje Juan
Schiaretti, para impulsar otra reforma, retocando la ley de 2012, con el
condimento que contó con el apoyo del entonces presidente Macri. Ese caso fue
un nuevo ajuste, feroz, modificando el cálculo del haber, pasando al 73%  del salario del activo”.

“La última ley que impone el ajuste es del pasado 20 de mayo
de este 2020, en medio de la pandemia, otra avanzada sobre el sistema
previsional público cordobés. Ahora se pospone nuevamente las actualizaciones,
se rebajan las pensiones por invalidez y se modifica definitivamente el cálculo
del haber para establecerlo según el promedio de los últimos 10 años,
eliminando la bonificación por exceso de servicios, entre otros puntos”.

“Ante esta pelea desigual con el Estado empleador, que tiene
la connivencia de sectores gremiales de la burocracia sindical, funcionales a
estas reformas, desde ATE decidimos dar la pelea judicial, definimos ir por una
demanda de inconstitucionalidad con nuestro equipo de letrados y el
asesoramiento del previsionalista Aníbal Paz. El TSJ admitió nuestro planteo y
es un avance atento a que 7 de cada 10 se rechaza. Ahora la Provincia tiene la
pelota para responder a la demanda”.

“Denunciamos allí la violación de pactos internacionales a
los que Argentina está suscripta, como el Pacto de los Derechos Sociales y
Civiles de 1968 –que establece que los estados deben mantener el piso y elevar
el techo de derechos en función del principio de progresividad–. Además
nuestros abogados detectaron que esta reforma tiene un sesgo patriarcal porque
afecta mucho más a mujeres que a hombres. Nuestro sindicato decidió por eso
acudir también a organismos internacionales para presentarnos ante la Corte
Interamericana de DDHH y ante la OIT”.

“Mientras, seguimos luchando por un estado más presente, con
una mirada social, atentos a defender los intereses de las mayorías. Ese sueño
por una patria grande por tener un proyecto emancipatorio, de liberación del
imperialismo, soberano de justicia social e igualdad para todas y todos, aún está
inconcluso y depende de nosotros que se termine de concretar”.

La CLATE el Foro Internacional Previsional

Acto seguido, Julio Fuentes destacó el lanzamiento, hace un
año, del Foro Internacional de Defensa de los Sistemas Previsionales. El
dirigente desatacó que la iniciativa “nace a partir de una convocatoria de la
Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB) a organizaciones
sindicales y sociales para tener una reunión en Porto Alegre, donde
participamos fundamentalmente compañeros de Brasil, Chile y Argentina, sumando
compañeros que integran la CLATE, para buscar la constitución de un espacio
donde podamos coordinar acciones, transmitir experiencias e información”.

“Esta es una lucha que no alcanza con llevarla a cabo solo
desde los trabajadores y los sindicatos, tiene que ser una pelea que integre
plenamente a todo el pueblo. Esta perfectamente demostrado que los sistemas
previsionales solo pueden existir si son estatales, universales, solidarios y
de reparto. Por el contrario, los sistemas privados son un excelente negocio
para los bancos que lo administran pero ineficientes e inoperantes para dar una
respuesta previsional. Ese camino debemos abandonarlo (en la región) porque el
Banco Mundial y el FMI están promoviendo nuevamente la privatización como
respuesta al déficit del Estado”.

“La situación hoy es delicada. Latinoamérica y el caribe
tienen una población de 630 millones de habitantes, de los cuales 70 millones
tienen más de 60 años de edad. De esa cantidad sólo la mitad tiene un sistema
de previsión, solo uno de cada dos. ¿Cómo se ve para adelante? La población va
envejecimiento paulatinamente, a pesar de ser un continente joven. Para 2030
serán 107 millones de adultos mayores, para 2050 será uno de cada cuatro
latinoamericanos”.

“El problema los sistemas previsionales están desfinanciados.
En muchos casos los administradores malversaron fondos públicos, con tolerancia
de los gobiernos y mucha dirigencia sindical, pero también porque el 60% de los
trabajadores de la región son informales. 
No porque se dediquen a actividades marginales sino porque existe una
gran cantidad de trabajadores en empresas formales que no aportan por sufrir la
informalidad. Por eso la complacencia de gobiernos y sindicatos afines. Con un
sistema previsional desfinanciado y el aumento progresivo de la población
adulto mayor de 60, la perspectiva es de hambre y postergación”.

“Si le sumamos la crisis económica producida por la
pandemia, la baja de los aportes previsionales torna la situación muy grave.
Por eso el Foro debe revitalizarse, es necesarios constituir espacios de debate
donde participen instituciones, legisladores, sindicalistas pequeños y medianos
empresarios, universidades, para construir unidad que nos permita dar esta
lucha por el sistema previsional. Esto es hoy porque para adelante la situación
tiene una gravedad tremenda. Debemos ser conscientes del trabajo que tenemos
para adelante”.

La experiencia chilena

Posteriormente  el
compañero Recadero Gálvez relató cómo atraviesa Chile la crisis con un sistema
previsional completamente privado.

En un párrafo de su introducción, sostuvo que en el país
trasandino “existe un sistema de capitalización individual que se basa en
aportes individuales, administrado por empresas con fines de lucro, según lo
estableció el decreto que les dio vida durante la dictadura de Pinochet, en
1981. Este ahorro de millones de trabajadores comenzó a utilizarse como fuente
de financiación de empresas privadas e instituciones como la banca o empresas
estatales, siempre mediado por los privados. El sistema de AFP (administradores
de fondos de pensión) solo tiene el aporte del trabajador porque los patrones
no cotizan”.

Además dijo, entre otras consideraciones:

 

“Ahí aparece el Estado como una especie de respirador
artificial que subsidia el sistema privado bonificando al 60% más pobre de la
población, siempre que el beneficiario compruebe que es pobre, entre otros
requisitos. Por este sistema, las pensiones que se pagan no alcanzan para
vivir, son de hambre. Con 30 o 35 años de aportes el 50% de las personas no
alcanzan a cobrar el monto de un salario mínimo, que ya de por sí no alcanza
tampoco para vivir.”

“Es un sistema obligatorio y sin hay alternativa solidaria
que ya lleva 40 años de existencia que utilizan los grandes grupos económicos
de la oligarquía y la elite chilena para financiarse. Según nuestros estudios
los 30 principales grupos empresarios chilenos ya recibieron inversiones de 40
mil millones de dólares”.

“En definitiva en Chile está vulnerado el derecho a la
seguridad social establecido en los pactos internacionales y en las normas de
la OIT. En gran medida, el debate sobre la eficiencia del sistema privado, y
llama la atención que con estos cuestionamientos en otros lugares se horade a
los sistemas públicos”.

El caso de El Salvador

 

Seguidamente, el compañero salvadoreño Mario Montes brindó
un resumen de la situación que vive la nación centroamericana.

“Acá Salvador es una economía dolarizada, y tenemos las AFP
copiando el modelo chileno. Hasta 1975 no existía sistema previsional, no había
cotización. En esa época nació el Instituto Nacional de Pensiones, solo para
los estatales. Los privados cotizaban solo para el sistema de salud, hasta el
2006 cuando nace el sistema de AFP. El control político total del mismo partido
en el ejecutivo, el legislativo y el judicial impidió intervenir ante la
inconstitucionalidad del sistema, que contó para su implementación con asesores
chilenos. Hay que tener en cuenta que, a su vez, estaba prohibida la
sindicalización en el ámbito estatal según la Constitución que debió ser
modificada para poder suscribir los tratados internacionales de las OIT.

La propaganda que promovió las AFP, cuando se implementó en
1998, convenció a los trabajadores que íbamos a vivir en el paraíso. Sin
embargo, desde el 2000 ya comenzaron a recortar derechos establecidos en el
propio sistema. Hoy los estatales nos estamos pensionando con un salario
normalizado del 30% del activo. Como existe una pensión mínima de 207 dólares
la gran mayoría se jubila con ese monto, porque por sus aportes al sistema
privado no alzan a cobrar ese salario mínimo.

Desde el 2017 a la fecha estamos en esa pelea para revertir
esa situación y modificar el cálculo de las pensiones. La lucha judicial no
tuvo eco en tribunales y ahora estamos en una pelea para que se modifique en el
congreso en base al principio de igualdad. El problema, además, es que los
compañeros no se quieren pensionar por ser tan bajo el ingreso y eso está
extendiendo el periodo de trabajo activo.

Sin embargo no perdemos la fe en que nuestra pelea, con una
lucha en las calles y en el parlamento, modificaremos este panorama. Propusimos
la creación del instituto público de la previsión social que unifique la
situación de estatales y privados, dando un ingreso digno a los trabajadores.

Uruguay: un nuevo gobierno conservador pone el debate las
jubilaciones

A su momento, la compañera Lorena Luján, de la Cofe y la
Central Sindical PIT-CTN aseguró que “en tiempos de la pandemia se ha
visibilizado la importancia de la seguridad social. En Uruguay cuenta contamos
con un sistema mixto: de aporte solidario por un lado y de aporte individual
por el otro. Pero fue el sistema solidario que cobró importancia en esta época
porque otorgó los subsidios a los trabajadores durante la crisis
sanitaria.  Pero al mismo tiempo mostró
que no alcanza porque muchos trabajadores se quedaron afuera de las ayudas
estatales, a pesar que tenemos una buena cobertura”.

Otros puntos de su reflexión fueron:

 

“En enero eran 50 mil trabajadores que cobraban subsidios
por desempleo y hoy son 172 mil, lo que demuestra la importancia de la
cobertura”.

“En los últimos años tuvimos avances a través de las
estrategias de formalización del trabajo”.

“Desde este año Uruguay tiene un gobierno de derecha que
promueve un paquete legislativo que atenta contra la libertad sindical, el
derecho a huelga, donde está incluida la seguridad social”.

“Por eso decimos que la pandemia no es solo el Covid sino
algo mucho más grande y tenemos que estar unidos para enfrentar esta otra
pandemia que son los gobiernos que recortan derechos previsionales”.

“En Uruguay, frente a una futura reforma, estos debates que
involucran a la seguridad social son esencialmente políticos y refieren a una
concepción y normativa sobre justicia y ética. Por eso decimos que deben contar
con el conjunto de la población, a través del sistema político y de las
organizaciones sociales representativas”.

“La reforma debe ser a partir de un abordaje integral en dos
sentidos. Con garantías de protección social de forma amplia, que incluye lo
previsional, discutida con los mecanismos de financiamiento pero teniendo en
cuenta la sostenibilidad social. El otro tema son los subsistemas de
jubilaciones, tenemos un sistema fragmentado. Si bien el sistema tiene un 90%
entre el sistema solidario y el de aporte individual, también están las cajas
bancaria, profesional y notarial, así como los sistemas especiales de la
policía y las fuerzas armadas. Estos diferentes subsistemas presentan
diferentes beneficios y tipos de aportes, que en algunos casos se justifica
pero otros no”.

“Los desafíos que enfrenta la seguridad social, como
aumentos de la longevidad, cambios en el mundo del trabajo y las tensiones
sobre la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo afectan a todos los
regímenes. Sobre el foro internacional, decíamos ya en el encuentro de Buenos
Aires de la CLATE que apostamos a una seguridad social sin lucro, y vemos muy
importante crear un frente regional en defensa de la seguridad social. Estamos
en tiempos donde debemos juntarnos frente a los que ven la crisis como una
oportunidad de ajustar a los trabajadores”.

Experiencia y presente

Un párrafo aparte mereció la participación de Marta Maffei.
La dirigente docente arrancó asegurando que “venimos a constatar que las
denuncias que hacíamos hace 20 años se ha confirmado. Hoy la situación de los
jubilados es peor, crecientemente peor”.

Y destacó:

“Hay una responsabilidad muy fuerte de las organizaciones
sindicales. Nosotros estamos en CTA que peleo históricamente por el salario y
las jubilaciones pero no es así con otras organizaciones sindicales. Hay una
manifiesta complicidad de algunas organizaciones sindicales con los grupos
económicos y que sostiene el Estado. En ese marco, hay una enorme evasión de
aportes de los trabajadores”.

“Leía la otra vez un artículo de Pipón Giuliani detallando
como se mueven los organismos estatales frente a la evasión, como sucede con la
AFIP. También sucede con organismos provinciales para los sistemas de esas
jurisdicciones”.

“Lo que vemos es que se aplica el ajuste para los que están
peor, para los más desprotegidos, los que tienen menos posibilidades de acceder
a organizaciones que les dé una alternativa. Para los sectores económicos y
empresariales no hay ajuste. Ellos siguen liderando la acumulación, como
contaba el compañero de Chile con las AFP, financiando a pérdida en algunos
casos, pero la pérdida es de los trabajadores, no de las administradoras”.

“¿Cuándo es el momento de dar la pelea? Siempre. Y como
decía Mario Montes es el momento también de darnos una política regional sobre
la seguridad social, con una articulación para volcar esta situación”.

“Como decía Julio Fuentes, el aumento de la esperanza de
vida y de la proporción de jubilados dentro de la población en el futuro es un
problema que tenemos que abordar, porque con estas jubilaciones que cobramos
vamos a tener a todos los jubilados trabajando. Porque no hay alternativas de
sobrevivencia”.

“Los ajustes atacan sobre todo a los trabajadores más
pobres. Creo que no es solo la pandemia sanitaria, también hay una pandemia
política que ha significado aun en los llamados gobiernos progresistas en
Latinoamérica, con un peramente ceder ante los grupos económicos. Las
organizaciones sindicales tenemos que trabajar mucho para generar conciencia,
tanto sobre las modificaciones que tiene que hacer el Estado para preservar y
aumentar derechos como en la clase trabajadora para convencer que es la lucha colectiva
la que genera los resultados esperados”.