Sentencia favorable para ATE ante la Inspección General de Personas Jurídicas

La ATE- Chaco obtuvo favorable
una medida cautelar presentada ante la Justicia contra la Inspección General de
Personas Jurídicas de la Provincia en representación de los trabajadores.

La semana pasada, el CDP se
presentó ante la Justicia denunciando irregularidades mediante una medida
cautelar en el marco de un amparo por el que se solicita la nulidad de las disposiciones
internas por la que designaban a determinadas personas en niveles jerárquicos,
violentando la carrera administrativa de los trabajadores de la Inspección y
las que fueron comunicadas a los mismos por un simple memorándum el 2 de
septiembre del corriente.

Asimismo, el sindicato solicitó
que se exhorte al Ministerio de Gobierno y Justicia llamar en carácter de
urgente a concurso de antecedentes y oposición en el ámbito de la Inspección
General de Personas Jurídicas, debiendo convocar previamente una comisión
técnica de observaciones con representación plurisindical a fin de garantizar
la Ley que norma dicha Institución como también la carrera administrativa de
todos sus trabajadores y trabajadoras.

“Cabe señalar que la medida
cautelar tal como fuera notificada a la Inspección General de Personas
Jurídicas instruye retrotraerse a la estructura y la disposición de cargos que
mantenían previamente al dictado de las disposiciones, comunicadas a los
trabajadores de dicha repartición por medio de un memorandum, debiendo
mantenerlos en la situación de revista anterior a la que ostentaban, como así
también de abstenerse a nombrar cargos jerárquicos violentando la Ley 1903-C,
hasta tanto se resuelva el amparo”, explicó el Secretario General del
sindicato, Mario Bustamante.

“Como representantes de los
trabajadores, celebramos que la Justicia entienda que no podemos seguir
tolerando en un Estado de Derecho designaciones arbitrarias y contrario a todo
derecho. No atacamos ninguna institución en sí ni mucho menos a atacamos a
algún trabajador en particular. No estamos dañando a nadie. Al contrario,
vivimos en un estado de Derecho y queremos que los accesos a los cargos sean
respetando normas legales y constitucionales, respetando la carrera
administrativa de los trabajadores, quienes se ven vulnerados por designaciones
a dedo  contrariando principio fundamentales del empleo público, como la
legalidad, protección de la confianza legítima, progresividad, y en
consecuencia vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores, como ser la
carrera administrativa y el derecho de igualdad ante la ley” sostuvo
Bustamante.

Y concluyó aclarando que “esta
situación de incertidumbre jurídica y laboral en la que se vieron inmersos
muchos de los trabajadores obliga a intervenir al sindicato en defensa de sus
derechos fundamentales, gestionando en representación de sus intereses ante la
Justicia”.