Servicio público de electricidad, un traspaso sin transparencia

La/os trabajadora/es de la ATE en el Ente
Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) denunciaron que el traspaso del servicio público
de electricidad del Área Metropolitana de Buenos Aires, actualmente dependiente
del Gobierno Nacional, continúa avanzando sin transparencia, control
legislativo ni participación de trabajadora/es o usuarios.

En este sentido la sectorial de ATE emitió un
comunicado donde sostiene que “antes de irse, el Gobierno de Macri pretende
dejar este servicio público esencial y estratégico, que abastece a más del 50%
de la demanda eléctrica nacional, en manos de los Gobiernos de la Provincia y
Ciudad de Buenos Aires”.  

Para ATE “esta desnacionalización incluye un acuerdo
económico por el que se condonan miles de millones de pesos que las empresas
EDENOR y EDESUR debían pagar a los usuarios por sanciones aplicadas durante los
últimos anos, y la conformación de un nuevo Ente Metropolitano de Servicios
Eléctricos (EMSE) mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
tendrá el control de hecho durante los primeros tres años, fijando la política
regulatoria y las tarifas a abonar por los usuarios de todo el conurbano
bonaerense”.

En un hecho de gravedad institucional el pasado 1º de octubre (luego de su derrota en las PASO) la Gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires, mediante el Decreto N 1269/2019 derogó su anterior Decreto
N" 992/2019 que remitía el acuerdo de traspaso para tratamiento por la
Legislatura Bonaerense. Esta derogación se realizó al solo efecto de acelerar
la conformación del EMSE antes del cambio do gobierno y evitar el control
legislativo previo a la Implementación del traspaso.

De parte de los gobiernos de la Nación,
provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires existe una ausencia total de
información y participación de los usuarios sobre la forma de implementación
del traspaso del servicio eléctrico y cómo se continuarán los controles que
actualmente desarrolla el ENRE.

Esta
falta de información y la reciente designación de Directores para el EMSE por
la CABA que poseen vinculación con grupos societarios que también integran las empresas
quo deberán controlar (sin concurso previo, control legislativo ni audiencia
pública) implica un serio riesgo para los derechos de los usuarios del servicio
eléctrico de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. “Paralelamente, y pese a haberlo reclamado en todas
las instancias en las que hemos participado durante el último
año, 415 trabajadores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
seguimos sin respuestas concretas sobre la continuidad de nuestros puestos de
trabajo una voz operado el traspaso”, agrega el comunicado de la ATE sectorial.

Por estas razones, la ATE exhortó a los gobiernos
Nacional, de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires para que “traten al
servicio eléctrico
como una política de estado y revean integralmente el actual proceso de
transferencia”.

Asimismo, exhortan al Poder Legislativo
Nacional y de la Provincia de Buenos Aires para que “tomen intervención
en este proceso, en defensa de los derechos de los usuarios del servicio
eléctrico, los trabajadores del sector y los intereses de la sociedad en su
conjunto”.

“El
servicio público no debe ser una mercancía puesta a merced de empresas
monopolices, sino un derecho de todos los habitantes do nuestro país que el
Estado debe garantizar para que podamos acceder en condiciones de calidad e
igualdad”, señalaron en el cierre.