Sin una ley que lo avale, el nuevo salario mínimo no llegará a los municipales

El anuncio hecho en la
reunión del Consejo del Salario, que encabezó la presidente Cristina Kirchner, fue
tomado por la ATE- La Rioja para denunciar públicamente las políticas salariales
del gobierno provincial. Hace un par de meses un trabajo elaborado por la ATE-
La Rioja señalaba que un trabajador de las
categoría 22 tenía un salario básico de 600 pesos. Aún  si se blanquearan todos los ítems salariales
que hay en negro, incluida la llamada quincenita, el salario promedio de un
trabajador estatal rondaría los 3.200 pesos.

Tomando
en cuenta que este informe fue hecho cuando el SMVyM estaba pautado en 3.600 el
nuevo mínimo amplía más la brecha entre quién están
al límite o por debajo de la línea de pobreza.

La situación se agrava
porque el Estado construido por los sucesivos gobiernos provinciales  precarizó las condiciones de trabajo. A los
contratados que llenan los puestos de trabajo en el estado  el tiempo les fue agregando los llamados
planes, transitorios o  becas que prestan
servicios a cambio de un salario que no llega a 1.500 pesos al mes. En
la medida que no haya una ley nacional que  obligue a los municipales y a las provincias a
cumplir con el salario mínimo no hay posibilidades de recuperar
el poder adquisitivo de los trabajadores.

A principios de mes pasado la ATE
presentó en el Congreso nacional un proyecto para que  se amplíe el SMVyM en todas las
jurisdicciones. Solamente en los municipios, hay 800 mil trabajadores que
también están excluidos de la Ley del Salario Mínimo. El
proyecto fue presentado por el gremio en el municipio de Chilecito y el Intendente
de la ciudad, Lázaro Fonzalida, a través de su firma, respaldó la declaración
de interés para que el Congreso de la Nación modifique la Ley Nº 24013 de
Mínimo Vital y Móvil.

Como herramienta de
discusión sobre condiciones salariales y de trabajo la ATE está reforzando su
reclamo para que se implemente la ley de paritarias en el ámbito de  la administración pública provincial y demás
áreas dependientes del Estado. En esa línea de reclamo la conducción provincial
reiteró su pedido de un aumento salarial de
emergencia de 2.500 pesos de Emergencia y la devolución del 2% del ítem antigüedad.