Sobreseimiento a dirigentes y compañeros de ATE: un juicio que quiso disciplinar la lucha social
<p> </p> <p class="spip" style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 12pt;">SANTA CRUZ// </span><st1:personname productid="La Jueza Federal">La Jueza Federal</st1:personname><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 12pt;"> Marta Yañez sobreseyó al dirigente de ATE-Puerto Deseado, Raúl Cortes y a los compañeros Nestor Guillermo Juanola, Marcelo Gadano, Abel Perez, Alejandra Soto y José Perez, quiénes estaban acusados de interrumpir el tránsito en una ruta nacional durante una protesta de trabajadores afiliados a nuestra entidad gremial en la localidad de Puerto Deseado.</span></p> <p class="spip" style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 12pt;">
En ese sentido los compañeros de ANUSATE afirmaron que “tenemos en claro que juicios como estos buscan sentar precedentes para criminalizar la protesta de los trabajadores junto con la aplicación de la ley antiterrorista”. “Esto quiere decir que lejos de lo que aspiraban desde el gobierno, la absolución puede constituirse como un buen antecedente para ayudar a muchos trabajadores que están en similar situación en Santa Cruz y en el país”, agregaron.
Es importante recordar que sólo en la provincia hay alrededor de cuatrocientos compañeros denunciados por reclamar. Constituye un avance en materia laboral, la falta de argumento para sostener una acusación tan endeble como la que planteaban desde la fiscalía permite dar batalla en un plano que el gobierno creyó favorable por la connivencia judicial, y que desde el sindicalismo entendemos que no es el lugar natural de discusión sino una mesa paritaria en plano de igualdad.
La criminalización de la protesta social es un proceso que el Estado argentino mantiene con obstinación como forma de aplacar los conflictos sociales y los posibles cambios. La judicialización de militantes populares y las reformas a medida en las leyes son formas en las que se manifiesta esta complicidad entre poder político, judicial y fuerzas represivas.
Es por ello que los compañeros consideran que: mientras se avance en el cercenamiento de los derechos a partir de los cuales el pueblo puede desarrollar dignamente su vida, esto es, mientras haya desempleo, empleo precario, servicios de salud escasos, educación para algunos sectores, imposibilidad de acceso a la vivienda, mientras haya explotación infantil y violencia de género; y sobre todo, mientras no se generen políticas sociales que refuercen estructuras de justicia y dignidad, mayor es la responsabilidad del Estado, que busca descomprimir la presión social con violencia judicial, en vez de atender las demandas.
Prensa ATE 30-07-2013