Todo conduce al vaciamiento del zoológico
ATE amplió en la Fiscalía de Estado su denuncia sobre la violación de derechos que ejerce el gobierno de la provincia a través de la remodelación de infraestructura sin controles, una resolución de censura, la venta de animales y la adscripción compulsiva de trabajadores. Para el sindicato, “estos hechos alimentan el oscuro trasfondo que contiene el negociado privado detrás del vaciamiento del jardín zoológico”
Mediante
una presentación formal, ATE Mendoza solicitó a la Fiscalía de Estado que
investigue la contratación de una empresa a cargo de la remodelación del
zoológico de la provincia. Según el sindicato, no está claro bajo qué controles
o direcciones técnicas lo hace.
La
posible malversación de fondos tiene un segundo componente. De acuerdo a Raquel
Blas, Secretaria de Acción Política de ATE, “se trata del memorándum emitido por
el administrador de Parques y Zoológicos, Ricardo Mariotti, a través del que se
les prohíbe a los trabajadores hablar sobre la situación del sector. Incluso
también en las redes sociales, para lo cual han avanzado pidiéndoles las
cuentas y claves de las mismas”.
El
texto en cuestión habla de “centralizar y ordenar la comunicación y la
información", como así también de prohibirle al personal "cualquier
publicación, difusión o comunicado alguno por cualquier medio", incluidas
las cuentas en redes sociales. El memorándum aclara que la información en
cuestión es la "que refiera al ámbito de la gestión institucional
ejecutiva" de la Secretaría de Ambiente "y todas sus áreas", sin
"previa autorización del directorio y/o jefe de prensa" del área.
Según
publicó la agencia de noticias Télam, la oficina de prensa de la Secretaría de
Ambiente le pidió al director de Parques y Zoológicos que informe sobre datos
de usuario y contraseña de dos cuentas en redes sociales, desde las cuales se
"agrede a los funcionarios y se divulga información que no es
correcta", conforme fuentes de la Secretaría.
Raquel
Blas denunció que el espíritu del memorándum viola la Constitución Nacional y
Provincial y la ley del empleado público. “Nosotros como trabajadores del
Estado tenemos la obligación de denunciar aquellas situaciones que puedan estar
significando un deterioro de los recursos del Estado. Por lo tanto, también le
estamos pidiendo al fiscal que tome intervención para anular esta resolución y
para dar vista a la justicia penal, como corresponde, porque hay un grave
incumpliendo de los deberes de funcionario público”, precisó la dirigente.
A
la posible comisión de delitos en la remodelación de infraestructura y el memorándum,
los estatales mendocinos declararon en la Fiscalía de Estado que la Secretaría
de Ambiente y Ordenamiento Territorial informó que el zoológico se mantendría
cerrado por tiempo indefinido hasta asegurar el bienestar de los animales y rematar
y enviar a otros sitios habilitados a 1500 ejemplares para controlar la
sobrepoblación del paseo.
“La
verdad es que en el plan de contingencia y en el anuncio que ha hecho el
ministro Mingorance no está especificado si se van a respetar o no las
normas de procedimiento que rigen para evitar que los animales caigan en manos
de coto de caza, negociados de granjas privadas, reservas o santuarios
privados, que muchas veces son utilizados como centros de investigación de
laboratorios biomédicos”, señaló Raquel Blas.
Otro
elemento que pone en tela de juicio la administración del zoológico es el
traslado compulsivo de dos veterinarios con más de 20 años de antigüedad al
Ministerio de Seguridad. Para ATE, no había ninguna razón para hacerlo ni
sumario que lo justificase.