Trabajadora/es de Pensiones vuelven a denunciar el proceso de desmantelamiento

Las y los trabajadores de la ex
Comisión Nacional de Pensiones, nucleados en ATE,  han vuelto a denunciar el proceso de
desmantelamiento de la política pública de pensiones, desde el inicio de la
gestión cambiemos, que perjudica principalmente a la población más vulnerable
de nuestra sociedad: personas con discapacidad.

La Junta Interna de ATE Pensiones
sostuvo que “los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad, quienes
se presentan ante los medios y la opinión pública como paladines de la
transparencia, son en realidad eficientes tecnócratas que bajan masivamente
pensiones no contributivas y tienen, además, la decisión política de impedir
que los beneficios avancen hacia su aprobación o bien su denegatoria”.

La sectorial subrayó que “entre 2003 y
2015, las y los trabajadores fuimos protagonistas en la ampliación de derechos
y la territorialidad de un programa que – a partir de procedimientos
administrativos controlados y auditados e intervención de profesionales
matriculados – fue en búsqueda de una población de alta vulnerabilidad en todos
los rincones del país: se pasó de 176.000 mil pensiones existentes en 2003 a
1.000.000 en 2015. (Hay 5.000.000 de personas con discapacidad según el censo
nacional de 2010)”.

Con el argumento de “controlar y
volver a controlar el festival de pensiones truchas que otorgó el gobierno
anterior”, desde diciembre de 2015 se vienen implementando estrategias para
desintegrar la estructura de pensiones y así ajustar el presupuesto en sintonía
con lo requerido por el FMI.

ATE Pensiones enumera las distintas
irregularidades que pesan sobre este organismo: 

– El decreto 698/17 que disolvió la
Comisión Nacional de Pensiones y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo
la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, creó 17 nuevos cargos
jerárquicos equivalentes a directores nacionales para diseñar la estrategia
política central de avanzar, paulatina y progresivamente, en el desguace del
organismo, violando además la Convención Internacional de los DDHH de las
Personas con Discapacidad y dejando de lado la participación de las
organizaciones vinculadas a la temática.

– En abril de 2017, 170 mil pensiones
fueron suspendidas, sin previo aviso y sin procedimiento administrativo ni
legal. En 2018, por un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social, se
restablecieron solamente 43.150 beneficios, mientras que 127 mil finalmente se
dieron de baja.

– Despidos de trabajadoras y
trabajadores en 2018, con un insólito despliegue policial en la puerta del
organismo y listados de quienes no podían ingresar, en un marco de gran
violencia institucional. Por la lucha de nuestra organización gremial, se pudo
reincorporar a una gran mayoría.

– Cierre de los centros de atención de
pensiones (CAL) estratégicamente distribuidos en todo el país, dificultando el
acceso de la población a la atención personalizada con abordaje integral, con
el argumento de concentrar toda la atención operativa en un solo lugar: ANSES

– Reubicación del personal en unas
pocas oficinas de pensiones (todavía) en funcionamiento y en otros organismos
con absoluta incertidumbre en relación al desarrollo de tareas y al futuro
laboral, con afectación de la salud y empeoramiento de las condiciones de
trabajo.

– Traspaso de tareas a la Ventanilla
Única de ANSES, sin personal especializado en el área de pensiones no
contributivas. Al mismo tiempo, se viola el derecho constitucional que tiene
todo ciudadano de peticionar al Estado por un cruce de sistemas que actúa de
filtro previo a la tramitación del inicio de pensión.

– Cerca de 200 mil trámites están
paralizados en las distintas áreas de organismo, muchos de extrema gravedad y
con más de 3 años de demora para su resolución: más de 80 mil en auditoría
médica, con el agravante de que no hay actualmente profesionales médicos que
realicen la revisión y 50 mil en el área de evaluación de expedientes.

– Solicitud de actualización de datos
y exigencia de presentar un nuevo Certificado Médico Oficial, esta vez en
formato y con firma digital, en reemplazo del que consta en el expediente y que
acreditó el grado de discapacidad oportunamente. La ANDIS envió 40.000 cartas
documento, gastando $590 pesos en cada una, para intimar a los titulares de
derecho. Los hospitales no cuentan con computadoras ni internet y los médicos
tienen una gran resistencia a integrarse a este circuito impuesto, sin la menor
consulta con el sector sanitario, dejando sin posibilidades reales de acceso al
CMO digital a gran parte de los pensionados.

– Cambio de paradigma: pasaje de una
política de pensión como derecho social amplio a una política acotada a la
discapacidad, según criterios biomédicos. Cuando se termine de consolidar el
pasaje del inicio de pensiones a la ANSES, la única función de la ANDIS sería
la de evaluar la discapacidad y la de otorgar o no el beneficio de pocos
expedientes que arribarían luego de atravesar criterios restrictivos y
reduccionistas.