Trabajadores de la Dirección de Comercio exigen el blanqueo laboral

Trabajadore/as a de  la Dirección General de Comercio Interior (Defensa
del Consumidor) de la provincia, nucleados en ATE, llevan adelante medidas de
fuerza en el sector exigiendo que se formalice su ingreso a la planta permanente.

El sector cuenta en su plantel con
trabajadores que llevan hasta 12 años contratados y registra un marco de
precarización de casi el 90% de las personas de toda la dirección. De hecho ya
han pasado 3 administración en el área (entre 2014/2017) con las cuales se
llevaron adelante diferentes gestiones para el ingreso a la planta y no hubo
respuestas, y en esta desidia  ellos
involucran también al Ministerio de Planteamiento e Industria y a la misma
gobernación.

Según denuncian desde ATE “no se trata
sólo de una precarización laboral, también lo es en sus salarios, ya que
cuentan con ingresos que oscilan entre los 3.000 y 4.000 mensuales, que se
liquidan como servicios bajo la figura de tutorías y contratos”.

Sin embargo, como agregan los delegados de
ATE “ellos cumplen una jornada laboral como empleados de planta permanente, con
horarios fijos, firma de asistencia y desempeñando funciones de importancia
para la repartición”, y en su mayoría son trabajadores profesionales o
administrativos/as que se han capacitado y formado en el derecho del
consumidor.

Por su condición de precarizado/as los
trabajadore/as tampoco cuentan con seguro, obra social, ni aportes patronales y
continuamente son sujetos a presiones y amenazas por parte de funcionarios de
la Dirección de Comercio.

En este proceso de reclamos los mismo
trabajadore/as explicaron que “ya pasaron tres gestiones, a todas les
manifestamos en cada reunión institucional, que no queremos más estas
condiciones de trabajo e ingresos miserables que no nos alcanzan ni para cubrir
el traslado a nuestro trabajo”, y agregaron “somos abogadas, administrativos,
nos formamos en el derecho de los consumidores y consumidoras y nuestro
trabajo, al que asumimos con responsabilidad, es garante de derechos de toda la
ciudadanía, aún así el Estado no nos garantiza las condiciones mínimas para
poder hacerlo”.