Trabajadores del SENASA realizarán un paro por diez días en todo el país

El
proyecto de ley de presupuesto 2017 enviado al Congreso de la Nación por el
Ministerio de Hacienda prevé para el Servicio Nacional de Sanidad Animal y
Calidad Agroalimentaria recursos por 6192 millones de pesos y gastos por 3746
millones. Es decir, un ajuste de 2446 millones. Hay una reducción nominal
respecto de la partida vigente para 2016 que, en términos reales, alcanza el
50%, denuncian los trabajadores.   

Históricamente,
SENASA se financió con aportes del Tesoro Nacional y recursos propios
provenientes de tasas, aranceles y un porcentaje sobre las importaciones. Ahora
el gobierno pretende eximir al Tesoro de su contribución tradicional y
robustecerlo con la transferencia del ahorro de 2446 millones.

Los
trabajadores denuncian que, de esta manera, el SENASA no dispondrá de capacidad
operativa para hacer frente al control de las exportaciones agropecuarias que,
el año próximo, tendrán un fuerte aumento. Y que la seguridad fitozoosanitaria
estará en grave peligro, como así también el combate al resurgimiento de las
enfermedades de aftosa y HLB.

"El
gobierno observa un crecimiento de las exportaciones sin prever la necesidad de
proteger a la población y la capacidad exportadora de esos dos flegelos. Existe
un punto de inflexión. El futuro del SENASA, su presupuesto real, el cese de la
precarización laboral y de las pésimas condiciones de trabajo, dependerán de la
fuerza gremial de los 6800 empleados", sostuvo Jorge Ravetti, delegado
general de SENASA en Ezeiza.

En
este sentido, el dirigente aseguró que el organismo tampoco podrá resolver la precariedad
laboral del personal ni hacer frente a las reestructuraciones edilicias que
garanticen salubridad. Pusieron por caso la apremiante barrera sanitaria
estratégica ubicada en el límite de Tucumán, Santiago del Estero y Salta. Los
veterinarios y paratécnicos de sanidad animal autogestionados, asimismo, se
verán desprovistos de viáticos y recursos para hacer muestras en el campo.

ATE
exigió a su vez el pase al artículo 9 de los contratados Argeninta
(monotributistas) -incluidos los que están bajo programa HLB, Fucosa, Picudo
Algodonero, Lobesia botrana, Afinoa, Mosca de fruto, Procem y Copresame, entre
otros-; la efectivización de los concursos de 2014; el cese de la
automatización (certificación eléctrónica), que implica el despido y la
ausencia de control sobre los productores; del intento de derogar el decreto 4238
que legisla de forma particular al organismo y el rechazo a la privatización de
funciones del Estado.