Trabajadores policiales y de penitenciaros buscan sindicalización

Abriendo el debate el diputado del FAP, Víctor De Gennaro pasó a explicar el reclamo de los trabajadores policiales y su derecho a peticionar colectivamente. Subraya el diputado que aún existen 2 enclaves donde no se ha dado la democratización: “uno es aquel donde se genera la riqueza y que no hay luz en cuanto a las representaciones sindicales. Su resultado es que en el 84,7% de las empresas privadas no se eligen delegados.  El otro es la sindicalización policial que está emparentado con la democratización de las instituciones” y agregó que “aquí existe un prejuicio sobre si ayudara o no a la democratización. Nadie niega la existencia de intereses corporativos pero también creemos que la democratización es la única potencialidad para favorecer el derecho de los trabajadores”.      

Después de él expusieron los compañeros de Curazao, que utilizaron parte de su tiempo en el Congreso de la CLATE, para ir a explicar la experiencia sindical en su país. La sindicalización policial en Curazao es la primera de todo el Caribe y Sudamérica, que data del año 1969.  Un aspecto interesante que señalaron los compañeros es que aún con la decisión de convertir a Curazao en un estado independiente del reino de Holanda, los derechos sindicales de los compañeros fueron plenamente reconocidos por el nuevo gobierno autónomo, lo cual significó un enorme triunfo sindical. Así su país ratificó el convenio 151 de la OIT.         

La experiencia de sindicalización policial en Uruguay es más reciente, es de 6 seis años.    Los compañeros orientales señalaron que su sindicalización evita los propios desbordes que surgen de los estamentos policiales. Mientras en la Argentina los sindicatos policiales buscan su incorporación en la CTA en el Uruguay forma parte de la PIT- CNT.

Un dato que armoniza las situaciones entre nuestro país y el vecino es que los trabajadores policiales surgen de los estamentos medio bajos y bajos de la sociedad. No es lo que sucede con quiénes conducen la organización policial, que además suelen tener apoyos políticos de los que no goza la oficialidad.   

Luis Clavijo, del sindicato policial uruguayo señala que en su país unos 3.500 policías y sus familias viven en condiciones de indigencia y condiciones vulnerables. Lo cual ciertamente también se emparenta con la Argentina y marca un contraste con las fuerzas de Curazao que tienen un poder adquisitivo superior.

Un dato que introducen los compañeros del Uruguay es que desde que están organizados  los policías han hecho 2 paros sin que hubiera reacciones adversas por sus reclamos.

A los delegados extranjeros los siguió el abogado laboralista David Duarte, quién expuso las condiciones de trabajadores en medio de una estructura vertical como es la policía. Entre otras cosas Duarte destacó que en el tema salarial estos trabajadores se ven sometidos a la necesidad de realizar servicios adicionales, con jornadas de hasta 14 horas diarias de trabajo, para poder generar un ingreso medianamente decoroso para sus familias. Duarte señala que los trabajadores tienen derechos a sindicalizarse porque en los convenios internacionales nunca fueron cuestionados por el gobierno argentino.

Alberto Martínez expuso desde la FASSIP la situación de indefensión a las que es sometida la oficialidad. En este marco mencionó que “los sumarios y servicios de disponibilidad siempre recae sobre la cadena más débil, es decir los oficiales”. El salario inicial de un trabajador de la policía, sin los adicionales que pudiera obtener, ronda los 4.300 pesos mensuales. Y en este marco de creciente inflación en nuestro país apenas alcanza para llegar a un 60% de los que es la canasta familiar.

Ya transcurrido parte del debate se sumaron a la mesa la diputada Margarita Stolbizer y el autor del proyecto Eduardo Macaluse. Allí la diputada bonaerense resaltó el impulso legislativo de los diputados del FAP para llevar al Congreso el debate, subrayando que “la sindicalización se haga con los criterios políticos correspondientes para que el personal policial obtenga los mismos derechos que cualquier trabajador. El colectivismo nos lleva a vencer al dogma ultraliberalista del sálvese quién pueda”. Stolbizer remarcó que como en tantos lugares “aquí también está en juego la vida, la Salud y el volver con su familia”.

A su turno el Secretario Adjunto de ATE, Hugo Godoy, enfatizó el respaldo que ofrece la CTA para que cualquier trabajador se sindicalice. El mismo Godoy, que llegó al Congreso en compañía del Secretario Gremial, Alejandro Garzón, resaltó que la CTA no es ajeno a la lucha sindical por la reivindicación sindical porque desde el gobierno nacional   también se niega de nuestra central. Godoy enfatizó que siempre se trata de la lucha del trabajador por organizarse y llevó al Congreso el último fallo judicial, de hace 3 días, que volvió a convalidar la reincorporación de un trabajador del Correo, despedido hace más de 3 años, por impulsar en su lugar de trabajo la libre sindicalización.

Además insistió en la invulnerabilidad de los trabajadores a elegir como asociarse porque así lo dice la OIT y fue aceptado en la  Constitución Nacional reformada de 1994.

Antes del cierre hizo uso de la palabra el autor del proyecto, Eduardo Macaluse. Fue el propio ex diputado quién explicó que esta iniciativa comenzó desde los trabajadores policiales para verse incorporados a la agenda social. Si bien Macaluse reconoce que la policía es vista como la pata represiva de la cual se sirve la derecha para reprimir la expresión popular “también es cierto que la mayoría de los policías son personas honestas y con muchas necesidades”. Macaluse subrayó que son muchos los agentes que por denunciar la corrupción de la fuerza se han visto forzados a sacar a sus familias del país porque se ven amenazados y perseguidos por jefes y pares que se aprovechan de su posición para hacer negociados.

Antes de acabar Macaluse subrayó que cuando elaboró el proyecto en el año 2010 todos los bloques del Congreso se comprometieron a debatir el proyecto. “Sin embargo a la vista de la convocatoria del FAP quedó demostrado la falta de voluntad legislativa para regularizar la situación. De todos modos el primer paso ya esta dado”, concluyó.

Junto a los nombrados del encuentro participaron grupos policías de la provincia de Buenos Aires, Federal, Corrientes, Córdoba, Chubut y Santa Fe y del Servicio Penitenciario y los diputados nacionales Graciela Iturraspe, Claudio Lozano, Jorge Cardelli y Antonio Riestra, y el Secretario de Finanzas de la CTA, Daniel Jorajuría.  

 

Prensa ATE / 10-08-2012