Traspaso de eléctricas: Una vuelta al pasado

El 31 de julio pasado el Presidente Macri anunció la
intención del Gobierno Nacional de acceder al pedido de un grupo de
gobernadores provinciales y avanzar en el “traspaso” de las empresas EDENOR
S.A. y EDESUR S.A., desde la órbita nacional a los gobiernos de la Ciudad y
Provincia de Buenos Aires. Al día siguiente, mientras se anunciaba un nuevo
incremento de los valores tarifarios de dichas empresas, el Ministro de Energía
Javier Iguacel confirmó lo anunciado por el Presidente, y añadió que la
intención del gobierno nacional es que el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE), organismo encargado de la regulación del servicio
eléctrico y la defensa de más de 13 millones de usuarios finales en el Área
Metropolitana, quede reducido a una mínima expresión, sólo dirigida al control
del servicio interprovincial de alta tensión que utilizan las empresas
distribuidoras y los grandes usuarios.

Improvisación y
vuelta al pasado

Para entender las posibles consecuencias de esta decisión
para el conjunto de los usuarios del Área Metropolitana es necesario hacer un
poco de historia. En el año 1958, el gobierno de Arturo Frondizi decidió
mediante la Ley 14.772  nacionalizar el
servicio eléctrico de electricidad que proveían la Compañía Argentina de
Electricidad S.A. y la Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires
S.A. La decisión se tomó por la falta de inversión, mala calidad del servicio y
los serios problemas que generaba la jurisdicción local sobre dichas empresas.
Ante esta situación, el gobierno nacional estableció la jurisdicción nacional
del servicio, creó la empresa SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos
Aires), y desarrolló una fuerte inversión pública que mejoró notoriamente el
servicio durante las dos décadas siguientes.

A partir de la última dictadura militar, y luego de la
crisis inflacionaria de los años 80, en el marco de la “Reforma del Estado”
(Ley N° 23.696) y la “Emergencia económica” (Ley N° 23.697) la empresa SEGBA
fue privatizada y dividida en distintas unidades de producción, entre ellas
tres empresas distribuidoras: EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A. Estas
empresas conservaron la jurisdicción nacional, se sancionó un nuevo Marco
Regulatorio Nacional (Ley 24.065) y se celebraron contratos de concesión por 95
años que establecieron las condiciones, tarifas y niveles de calidad del
servicio.

En este sentido, la decisión del gobierno nacional de
“traspasar” a la Ciudad y Provincia de Buenos Aires las empresas distribuidoras
de electricidad pareciera volver la situación 70 años atrás, es decir, empresas
privadas con jurisdicción local, algo que puede ser beneficioso para las
empresas (ya que tendrán enfrente autoridades de menor peso que el gobierno
nacional) pero que se ha demostrado perjudicial para la calidad del servicio y
los usuarios del mismo.

Un antecedente preocupante

En el año 2011, mediante el Decreto N° 1853/2011, la Empresa
Distribuidora La Plata S.A. (EDELAP S.A.) ya fue transferida de la órbita
nacional a la local. Si bien en ese caso existían ciertos fundamentos
razonables -dado que esa empresa se encuentra toda dentro de la Provincia de
Buenos Aires- lo cierto es que dicha decisión fue tomada para permitir a la
empresa apartarse del “congelamiento” nacional de las tarifas de distribución
eléctrica, y al mismo tiempo, eliminar sin que la empresa pagara, todas las
sanciones existentes a dicha fecha por incumplimientos de la calidad del
servicio. Es decir, la empresa fue altamente beneficiada por el “traspaso”
mientras que los usuarios recibieron aumentos de tarifas sin que, hasta el
presente, haya mejorado el servicio.

El rol del Estado
Federal

En la actualidad, el Gobierno Nacional y algunos
gobernadores provinciales reclaman la trasferencia de las empresas EDENOR y
EDESUR bajo argumentos tales como la “reducción de subsidios” o una “mayor
equidad federal”. Sin embargo, a partir de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)
llevada a cabo en el año 2017, la tarifa eléctrica de las empresas mencionadas
(que aumentó más del 1700% en dos años) no presenta ningún subsidio en su
componente propio, es decir, en el denominado Valor Agregado de Distribución
(VAD). Por otra parte, desde el momento que tanto EDENOR como EDESUR tienen
áreas de concesión que abarcan dos jurisdicciones (Provincia y Ciudad de Buenos
Aires), su regulación necesariamente debe ser competencia federal, sin
perjuicio de la participación que dichos gobiernos locales puedan tener en el
organismo federal de regulación (ENRE).

En el presente, el ENRE ya se encuentra dirigido por un
Directorio de cinco miembros, todos ellos nombrados el Gobierno Nacional
mediante concurso público con aprobación del Congreso, y dos de ellos a partir
de la propuesta del Consejo Federal de Energía Eléctrica (Ley 24065, artículo
58). Por ello, la integración federal de dicho organismo ya se encuentra
garantizada.

En cuanto a su financiamiento, el ENRE en un organismo
técnico que no genera gastos para ninguna jurisdicción local ni federal, dado
que es financiado por los propios agentes productores, transportistas y
distribuidores que regula, según establece la Ley 24.065 (artículos 66/67).

Así, una transferencia de empresas distribuidoras a las
jurisdicciones locales sólo sería entendible bajo la intención (no declarada)
de avanzar en dirección a una o más empresas exclusivas para la Ciudad de
Buenos Aires, y otra (u otras) empresas para la Provincia. Esto llevaría de
inmediato a un incremento de la tarifa eléctrica para la Provincia de Buenos
Aires, donde se encuentra la mayor cantidad de usuarios y la peor calidad de
servicio, dado que el costo de distribución allí es mayor por razones técnicas.

Los trabajadores del
ENRE y la participación de los usuarios

En este
contexto de incertidumbre, improvisación y complejidades técnicas y jurídicas,
lo único que no se escucha es la voz de los trabajadores del sector y los
usuarios del servicio.

En el
caso del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), una importante
cantidad de trabajadores se dedica a diario -pese a muchas dificultades- a
tareas técnicas de regulación de las dos principales empresas distribuidoras
del país. Estas tareas incluyen, entre otras, el control de las condiciones de
seguridad, ambientales y de la calidad del servicio, así como la facturación
que emiten las empresas, y la atención de los reclamos de los usuarios. Estos
trabajadores ven con preocupación la continuidad de sus tareas actuales luego
del anuncio presidencial de “traspaso”, dado el contexto de ajuste
presupuestario y despidos que existe en el Gobierno Nacional. Por esas razones,
ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades del ENRE,
sus entidades sindicales han declarado en asambleas el “estado de alerta”, como
antesala para otras medidas de fuerza.

En
cuanto a los usuarios del servicio, pareciera ser un tema sin consideración
alguna por parte del Gobierno Nacional. El fuerte aumento tarifario de los
últimos dos años no ha traído aún ninguna mejora en la calidad del servicio,
contrariamente a lo anunciado. Sigue pendiente además, desde hace más de dos
décadas, el cumplimiento cabal del artículo 42 de nuestra Constitución
Nacional, donde se establece expresamente para los servicios públicos
nacionales “la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios” en los organismos de control. Hasta el momento, esta participación
únicamente se ha limitado a una presencia -no vinculante- en audiencias
públicas o reuniones periódicas de las autoridades de turno. Algo a todas luces
insuficiente para garantizar una genuina representación de quienes son los
principales interesados en que los servicios públicos se provean con tarifas
razonables y adecuados niveles de calidad.

Trabajadores/as de los sectores de Energía de ATE