“Una vez más, el pueblo no debe ni puede ser la variable de ajuste”

El día de hoy, trabajadorxs estatales de Entre Ríos se movilizaron
a la explanada de la Casa Gris para repudiar el ajuste de la Ley de Emergencia del
Gobernador Bordet y se entregó un petitorio. El secretario General de ATE Entre
Ríos, Oscar Muntes, dijo: “Esto no es una Ley de solidaridad, sino un ajuste al
pueblo trabajador; a los activos y jubilados. Las Leyes de Mauricio Macri eran
de ajuste, y esto ¿qué es? Están en la misma sintonía. ¿Por qué tenemos que
decir que son diferentes? Bordet ajusta al pueblo de una forma atroz: No se
anima con los poderosos y nuevamente va por los trabajadores y trabajadoras”.

A continuación, el petitorio completo:

La emergencia es con
los y las trabajadores y trabajadoras y el pueblo: Que aporten los grupos
concentrados de la economía

Frente al Proyecto de ley de emergencia que el ejecutivo
enviará a la legislatura para abordar la grave situación económica de la
provincia, consideramos que es un error volver a poner la lupa de la
recaudación sobre los y las trabajadores y trabajadoras. El modelo político de
seguir descargando las crisis sobre el pueblo no puede ser el plan que oriente
las medidas económicas.

El proyecto de ley declara la “emergencia pública en materia
económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el
ámbito de la Provincia de Entre Ríos” con el propósito de garantizar las
funciones inherentes al Estado provincial. Entendemos la situación de
emergencia que atraviesan los países del mundo producto de la pandemia, a la
que no es ajena nuestro país ni nuestra provincia. Pero rechazamos de plano que
parte de la crisis se descargue sobre los y las trabajadores y trabajadoras. La
función del Estado debe ser la de protegerlos y protegerlas con acciones
positivas, más aún cuando son quienes están poniendo todo su esfuerzo en
atender los efectos de la pandemia. Esfuerzo que se evidencia en el
sostenimiento de los servicios básicos y esenciales de la comunidad (salud,
comedores, y educación, entre otros) muchas veces costeado con recursos
propios.

En este sentido, creemos que los Artículos 4, 5 y 6 donde se
propone la reforma provisoria de los aportes personales y previsionales,
persiguen un objetivo recaudatorio cuyo acento recae sobre los y las
trabajadores y trabajadoras en actividad y pasivos y pasivas, so pretexto de
salvaguardar la Caja de Jubilaciones y Pensiones mediante la solidaridad y la
equidad. Lo hemos dicho a principios de años y lo sostenemos; el déficit de la
caja no es responsabilidad de los y las trabajadores y trabajadoras, sino de las
diferentes gestiones de gobierno. Las consecuencias de políticas neoliberales
que puso como horizonte achicar el Estado no debe ser costeado por los y las
trabajadores y trabajadoras que se opusieron. Una vez más, el pueblo no debe ni
puede ser la variable de ajuste.

Ahora bien, el Proyecto de Ley también busca recaudar entre
algunos de los sectores de la economía concentrada. Esto lo manifiesta en los
Artículos 7, 8 y 9 donde incrementa los gravámenes de las Entidades
Financieras, el Comercio mayorista de medicamentos para uso humano, y el
impuesto inmobiliario anual, a las superficies iguales o superiores a un mil
(1.000) hectáreas. Consideramos que estos son los sectores, entre otros, que
hoy deben ser solidarios frente a la crisis provocada por la pandemia.

Pero, al mismo tiempo, sostenemos lo que hemos venido
diciendo en anteriores documentos públicos; el modelo productivo y recaudatorio
no puede seguir siendo el que surgiera con la dictadura. En un documento
anterior, publicado el 8 de junio decíamos que frente a la disminución de la
capacidad fiscal y sus consecuencias sobre las finanzas públicas provinciales,
proponíamos la aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales
(conocido como impuesto a la Fortunas) para los grandes patrimonios. También
sugeríamos redefinir el rol del agente financiero de la Provincia, en función
de asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo
productivo regional. Decíamos además que era necesario un incremento en las
alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras
impidiendo el encarecimiento del crédito, y que era urgente rever el esquema
tributario en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, desalentando la
especulación y la existencia de latifundios. Señalábamos que otro de los
sectores económicos a revisar con acuerdo de los intereses provinciales son las
actividades de la minería, cuyos mecanismos de asignación de concesiones,
permisos de extracción, control de la actividad y su tributación, debe ser
observada teniendo en cuenta la irreversibilidad del proceso extractivo y sus
consecuencias. Y por último, decíamos en el documento del 8 de junio que el
Estado Provincial debía reclamar la reparación histórica por la Represa Salto
Grande que implique mejores costos energéticos para la provincia, y fomentar
una discusión estratégica del uso de tierras de la provincia, centrada en la
producción de alimentos para los y las argentinos y argentinas.

Seguimos sosteniendo todas estas reivindicaciones porque estamos
convencidos y convencidas que alguien deberá pagar la crisis mundial producida
por la pandemia. Estamos dispuestos y dispuestas a poner todos nuestros
esfuerzos para que sean los sectores que históricamente se enriquecieron
quienes deban pagarla. Pero nos declaramos en contra de cualquier medida que
pretenda descargar la crisis sobre los y las trabajadores y trabajadoras y el
pueblo. La solidaridad con las mayorías es incompatible con los intereses de
los sectores de la economía concentrada.

Firman este documento las siguientes organizaciones: