Universidad de La Matanza: Crece el conflicto por el vaciamiento del call center

Los trabajadores del “Call Center” de la
Universidad Nacional de La Matanza fueron notificados de una “licencia” forzada
hasta el 31/8, por falta de llamados en las líneas del Ministerio de Energía y
Minería.

Denuncian que se trata de una maniobra de vaciamiento
de tareas, en la cual las llamadas de las líneas de reclamos de cortes de luz
para usuarios de Edenor y Edesur, y Tarifa Social no se curaban para dejar sin
tareas a los empleados.

Los afectados aseguran que la universidad,
con el Rector Daniel Martínez a la cabeza, preparó el terreno para llegar a
esta situación.

El 14
de julio, ATE denunció que los trabajadores, en su mayoría estudiantes de UNLaM,
se encuentran precarizados y con riesgo de despidos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
emitió un comunicado en el que denuncia la el desmantelamiento del “Call
Center” que funciona en la Universidad Nacional de La Matanza, así como la
precarización de sus trabajadores y trabajadoras. El vaciamiento, advierten,
conlleva que dejen de funcionar servicios esenciales  para todo La Matanza y el  conurbano bonaerense, así como la posibilidad
-“inminente”- de que se produzcan decenas de despidos.

El Centro de Atención telefónica funciona
desde 2014, en el ámbito de la Universidad Nacional de La Matanza. Primero,
comenzó prestando servicios para el SEDRONAR, para información y asistencia a
personas con consumo problemático de sustancias. Luego, con un convenio con el
Ministerio de Justicia de la Nación, se orientó a la recepción de informes
sobre las actividades del Centro Cultural Kirchner y, también, con encuestas a
víctimas de delitos (cada encuesta requería unos 30 minutos de charla mínimo)
para el Ministerio de Justicia de Nación. Otros servicios a los que se destinó
fue: distribución de antenas para Televisión Digital Abierta (TDA) y atención
de reclamos por cortes de electricidad de Edenor y Edesur, y al trámite a nivel
nacional de los pedidos de tarifa social (en convenio con el Ministerio de Energía).

Se trata de trabajadores y trabajadoras
precarizadas, con régimen horario extenuante, en su mayoría estudiantes de la
UNLaM, que para cobrar tienen que facturar en la Universidad como
monotributistas. Se desempeñan en condiciones de trabajo insalubres y con una
pobre remuneración.

 “La
gestión Cambiemos decidió cortar con algunos servicios. Desmantelar TDA, con lo
que favorece a las operadoras de cable. Dar de baja la ayuda a personas con
problemas de adicciones y a víctimas de delitos. Dejar de informar sobre las
actividades en el CCK y, finalmente, establecer una pauta de 30 minutos de
espera antes de ser atendido por cuestiones de problemas con las empresas
distribuidoras de energía o para la solicitud de la tarifa social”, informan
desde ATE y señalan que esto tiene dos implicancias directas: primero, la
eliminación de servicios del Estado que beneficiaban a sectores carenciados y
de medianos y bajos recursos; y segundo, el desmantelamiento de las actividades
del Centro de Atención Telefónica.

“Estas medidas de vaciamiento justifican el
achicamiento de la dotación de personal y su posterior cierre. Esto es:
despidos”, denuncian.