Víctor De Gennaro presentó un anteproyecto de ley de Trabajo y Riesgos Laborales

La nueva propuesta de De Gennaro es para reemplazar la actual ley de riesgo de Trabajo. El diputado señala que hay una fabulosa transferencia de recursos económicos y que favorece a los negocios de la empresa del sector. Un dato es que el año pasado las 5 ART que dominan la actividad tuvieron una ganancia aproximada a los 12.000 millones de pesos; y sólo en el primer semestre de este año llevan ya ganados más de 9.000 millones. “A este ritmo van a duplicar la ganancia del 2011.

 

 

El proyecto presentado por el diputado del FAP viene siendo trabajado desde hace más de 2 años en el marco de la CTA  y que fue debatido en todo el país.  Además del propio De Gennaro lleva la firma de Claudio Lozano, Liliana Parada y Graciela Iturraspe de la Unidad Popular;  de los diputados Ricardo Cuccovillo (PS), Fabián Peralta (Gen), Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), Luis Sacca (UCR), Horacio Piemonte (CC-ARI) y Eduardo Santín (UCR).

La diputada Graciela Iturraspe explicó que los principales cambios que introduce nuestro anteproyecto es el reemplazo estas empresas, heredadas de menemismo, por un banco nacional que se hace cargo de los accidentes de trabajo, tanto de los trabajadores formales como informales. Por ello se propone la participación directa del trabajador a partir de las organizaciones sindicales con la creación del cargo de delegado de prevención, de manera que vaya  en línea con la profundización de la democracia y libertad sindical para cada sector de trabajo, con representantes electos.

El director del departamento de Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo de ATE, Orestes Galeano, señaló que este proyecto “básicamente tienen que significar que no haya muerte”. Es un proyecto laboral que prevé un comité mixto para discutir la organización del trabajo, reinstalando temas como la concausa que había sido quitado pro el menemismo, donde una enfermedad es producto de varias causas y una de ellas tienen que ver con el trabajo. “También prevemos tener un listado abierto de enfermedades profesionales, no un sistema cerrado que ya fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema, donde los trabajadores pueden elegir si van a la vía laboral o la vía civil y es un proyecto que hace eje en la prevención de los trabajadores”.

Este es un negocio de 12.000 mil millones de pesos de la ART. Pero aún más es lo que perdemos como país porque no hay una política seria en salud y seguridad. Galeano subrayó que el 10% del PBI se pierde porque no hay prevención en la Argentina.

Las enfermedades laborales se llevan la vida de unos 7.000 trabajadores por año en la Argentina, es decir unos 26 por día, ya sea por accidentes directos o en forma silenciosa. Galeano aporta datos recientes de la ISAR, una agencia oficial vinculada a la organización Mundial de la Salud (OMS), en la que se declara que entre las principales enfermedades laborales está el cáncer. El 5% del cáncer en el mundo es de origen ocupacional. Además el ISAR declaró como probablemente cancerígeno en humanos al trabajo nocturno, por la alteración del ritmo circadiano.

Galeano denunció que siendo este un estudio iniciado en el 2007 y publicado en el 2010, desde el Ministerio de Salud argentino “nunca publicó nada al respeto. “Tampoco lo hizo la Superintendencia de riesgo de trabajo”, acotó.

Horas antes a la presentación del anteproyecto en el Congreso se conoció la noticia de que 2 trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), de Neuquén, uno delegado de ATE y otro afiliado directo, habían fallecido probablemente por la explosión de la caldera. El director del IDEP, Horacio Fernández, señaló que “más que nunca pone sobre el tapete la discusión en serio. En estos días la presidente habló sobre la doble vía de reclamos que hay sobre las ART. Lo que nosotros verdaderamente queremos es una ley de prevención, no que se nos habilite para que haya más reparación económica”.

En la misma línea de Fernández opinó el diputado Claudio Lozano quién enfatizó que “la presidenta ratificó esta senda de los ’90. Volvió a hablar de la industria del juicio, de la opción excluyente, es decir que el trabajador al cobrar la indemnización no pueda recurrir a la justicia, un disparate que las propia corte suprema ya juzgó como inconstitucional y que la presidente reincide retomando lo que es el espíritu de la ley vigente”. 

Antes hubo una marcha que tuvo la participación de ATE y otras organizaciones gremiales y sociales que conforman la CTA.  Allí también había otros diputados del FAP, como Graciela Iturraspe, Claudio Lozano, la ex legisladora Vilma Ripoll y  Fabio Basteiro entre otros.

 

Prensa ATE/ 14-09-2012