Villa Libertador: ATE denunció en la Justicia al gobierno por el traslado arbitrario del equipo de salud mental

El equipo jurídico de ATE Córdoba realizó ayer una
presentación en la Justicia Contencioso Administrativa, impugnando los
traslados de las trabajadoras del Equipo de Atención Comunitaria (EAC) de Villa
Libertador.

La impugnación de los traslados se basa en la
preservación de los derechos de las trabajadoras y de la comunidad a conservar
una prestación del Estado de un servicio fundamental durante la pandemia. Se
trata de un sector de la ciudad castigado por las cloacas a cielo abierto, que
tiene también necesidades de atención por violencia de género y adicciones. El
Ministerio de Salud cerró el servicio por seis meses y luego trasladó a las
profesionales por reclamar su reapertura.

Se trata de parte del personal destinado al servicio
de salud mental comunitaria que se desempeña en la sede de la calle Tilcara,
clausurada a principios de abril por el Ministerio de Salud aduciendo problemas
edilicios.

ATE llevó adelante una serie de acciones gremiales a
los fines de restituir el servicio, rechazando a su vez el traslado de las
trabajadoras por tratarse de persecución sindical y política de parte de
funcionarios de la cartera sanitaria y exigiendo tanto la restitución de la
atención como la reinstalación de las compañeras.

Logrado el primer paso, queda pendiente el segundo,
como dijo hace 10 días el secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani,
durante la radio abierta realizada en la plaza central de Villa Libertador,
donde ATE convocó a los vecinos a apoyar la lucha en defensa de las
trabajadoras. “este barrio tiene historia que no empieza cuando venimos y se
termina cuando nos vamos. Es un recorrido, una película. Vamos a seguir en la
pelea, sin prisa pero sin pausa, definimos un plan de lucha que se construye
ladrillo por ladrillo. La semana pasada el gobierno de Schiaretti festejaba la
reapertura del local. Pero se equivocan, esa sede se abrió por la presión de
los vecinos, por la pelea de ATE y la CTA y por la lucha inquebrantable de las
compañeras que fueron trasladadas”, señaló.

 

Pata
judicial

Ahora, al plan de lucha gremial y su extensión a la
comunidad se suma la denuncia judicial. La abogada de ATE, María Terragno,
explicó que se trata de “una demanda contencioso administrativa, impugnando dos
resoluciones que disponen el traslado de las compañeras  psicólogas y enfermeras que se desempeñaban
en el Equipos de Atención Comunitaria de Villa Libertador. Ellas vienen
trabajando desde hace más de 20 años, conformando un equipo de salud mental que
construyó redes y diversas articulaciones con vecinos y vecinas”.

Y apuntó como fundamento que “los traslados persiguen
la desarticulación del trabajo de redes, el Estado como empleador tiene la
facultad de modificar condiciones de trabajo, llamado ‘ius variandi’. Pero esa
facultad no debe ser arbitraria ni abusiva, sino razonable. Esto no se
encuentra en el caso: en plena pandemia este centro de atención ubicado en el
corazón de Villa Libertador fue cerrado, aduciendo que se iban a realizar
refacciones edilicias que nunca sucedieron, las compañeras fueron trasladadas
sucesivamente de un lugar a otro porque no tenían dónde trabajar y, finalmente,
el centro comunitario fue reabierto pero sin las trabajadoras”.

La letrada denunció que “la reapertura demuestra el
carácter persecutorio, discriminatorio y falto de razón de las resoluciones
ministeriales porque dejaron a las trabajadoras afuera, atento a que se trata
de personal con larga experiencia y capacitación para atender las demandas
sanitarias del sector. Los traslados constituyen actos ilegales, arbitrarios e
irracionales y eso fue lo que impugnamos”.

Por otro lado, Terragno explicó que “además esta
acción de nulidad, pedimos una medida cautelar porque entendemos que están
siendo vulnerados los derechos de las trabajadoras y de los vecinos y vecinas
como beneficiarios del servicios. Hablamos tratamientos terapéuticos que no es
conveniente cambiar de profesional, sobre todo ante patologías graves generadas
por situaciones como violencia de género, adicciones, etcétera”.

Y cerró cuestionando al gobierno provincial porque
“esta población vulnerable se queda sin un servicio de salud mental en el marco
de un cuadro de aislamiento, de pandemia, que agranda sin duda los
padecimientos psicológicos”.