Las Juntas: ATE reclamó aumento salarial y el fin la persecución gremial y la violencia de Género
El CDP denuncio violencia laboral y de género contra una compañera que lleva 9 años prestando servicios para la comuna.
La asamblea de trabajadores y trabajadoras de ATE, en
la comuna catamarqueña de Las Juntas, continúa su plan de lucha por derechos
laborales y salariales y denunció al Intendente, Jorge Herrera por manejarse con
la/os trabajadora/es como si fuera un “patrón de estancia”.
A través de un documento la/os trabajadora/es explicaron
que “ante los sueldos de hambre y las condiciones de trabajo precarias que
padecemos las trabajadoras y trabajadores municipales, desde hace dos años
decidimos organizarnos en ATE y luchar por los derechos de todas y todos, lo
cual, desde el primer momento molestó e incómodo al Intendente Herrera, que,
con maniobras bajas, chantajes y amenazas, pensaba que nuestra organización
podría amedrentarse. Claramente esto no
fue así y nos dio cada vez más motivos para seguir fortaleciendo nuestra lucha ante
cada intento de persecución gremial y violencia laboral ejecutada por el
Intendente Herrera y funcionarios, incluyendo coacción a firmar notas de
despidos o contratos condicionales”.
La semana pasada en el marco de las jornadas de lucha
de los municipales y provinciales en toda la provincia por salarios dignos y
recomposición salarial, el Intendente Herrera, no solo pretendió negar el
reclamo legítimo de las y los trabajadores, sino que expuso su desesperación y
autoritarismo negando la planilla horaria a la compañera Yanina López, trabajadora
desde hace 9 años en el municipio y ejemplar luchadora por sus derechos y de su
compañeras y compañeros.
Para el CDP este acto feudal por parte del Intendente
Herrera “no solo configura un hecho de violencia laboral que sin éxito pretende
disciplinar a las y los trabajadores en lucha sino que configura además un
delito de violencia por motivos de género en el ámbito laboral”, sancionado no
solo por la Ley Nacional 24685 de “Prevención integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales” sino que también configura “una vulneración
absoluta al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra la
Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo
al que nuestro país adhirió en el año 2020”.